No hay muchas empresas mendocinas que hayan tenido una proyección internacional como la metalmecánica IMPSA. Pero a pesar de la historia, no pudo soportar los vaivenes en mercados externos, como la crisis en Venezuela, y tuvo que solicitar el salvataje del Estado nacional. En esos momentos, la firma tenía su domicilio legal en otro país. Ya durante la cuarentena, volvió necesitar de su asistencia para poder hacer frente el pago de los salarios de los trabajadores -como otras empresas de menor y de mayor rango-.
La ex Pescarmona ahora quiere volver a competir en otros países y para eso ofrecerá sus acciones al Estado provincial. Como en otras situaciones, la Provincia está en una encrucijada. Si bien se reconoce el valor estratégico, la situación endeble de las finanzas públicas de la que cuesta recuperarse después de un año de paralisis económica, hace que la única alternativa posible sea la de pedir financiamiento externo. Es decir, que Mendoza vuelva a endeudarse. De antemano ya se ve venir una discusión política fuerte sobre la conveniencia de salir a tomar créditos externos.
El Gobierno tiene que meditar a conciencia esta decisión. Con los años y el paso de los distintos gobiernos, la Provincia ha salido al rescate de varios sectores de la economía. Incluso, a pérdida. Si el Gobierno avanza para convertirse en accionista de IMPSA, tiene que ejercer los controles necesarios para salvaguardar la inversión, que no es la de una gestión en particular sino la de todos los mendocinos. Este nuevo rescate no puede transformarse con los años en un salvavidas de plomo.