La decisión de la Nación de cambiar el mecanismo de entrega de leche a niños de familias vulnerables por dinero que se acredita en las cuentas de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ha generado una fuerte reacción en la provincia. Sucede que el momento es crítico, ya que quienes reciben esa ayuda ya vienen golpeados por una macroeconomía que los apura permanentemente en su vida cotidiana. Basta señalar nada más la inflación galopante, que mengua la posibilidad de esas familias de alimentar bien a sus hijos para evitar la desnutrición.
Pero, el cambio, por otro lado, hace ruido porque parece inaugurar lo que se viene en materia de política social. Más ajuste en áreas sensibles y en poblaciones en las que, en teoría, el Estado debería mantenerse, para tratar de apretar las tuercas en otros ámbitos o costados, sobre todo, en aquellos gastos improcedentes que forman parte de las erogaciones corrientes. Todo esto puede generar aún más malestar social, no solamente político. Basta señalar, como lo expuso este diario semanas atrás, que los municipios han tenido que acrecentar su ayuda social en el último año.
Coletazos de la crisis que trajo la pandemia, profundizada, a su vez, por el mal manejo de la economía.
De fondo, lo que existe es la pelea por el equilibro entre los salarios y los precios. Ese balance debería ser más fino, pero en su lugar hay una brecha que complica a los de menos recursos. Más allá de que a nivel nacional se argumente que se busca empoderar más a los consumidores con medidas como esta, lo que se vislumbra es que aquellos sumidos en la vulnerabilidad están más librados a su buena suerte en un asunto muy delicado: la nutrición infantil.