Las universidades de todo el país marcharon el pasado 23 de abril con el apoyo de docentes, estudiantes y la ciudadanía en general para reclamar un aumento presupuestario que la motosierra del gobierno de Javier Milei negaba. Se marchó para pedir una mejora para todas las instituciones, no para una sola.
Esta semana, por un acuerdo segmentado del Ejecutivo nacional con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), quedó suspendida la emergencia presupuestaria de esa casa de estudios. Una buena noticia para esa institución, pero que no pueden celebrar las 60 universidades distribuidas a lo largo de todo el país.
“Más de un 85% de los estudiantes son considerados de segunda categoría”, definió asertivamente Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, frente al reparto desigual.
El beneficio que otorgó la gestión libertaria surtirá impacto en 300 mil estudiantes que asisten a la UBA, de un universo a nivel nacional de 2 millones.