No es frecuente que en el país y en la provincia un dirigente sea enjuiciado y condenado por corrupción. A veces, los mecanismos legales que permiten, paradójicamente, la cobertura de los actos ilícitos provocan que los funcionarios públicos zafen sin llegar siquiera a plasmarse una presentación formal en una fiscalía. Denunciar de manera mediática es sencillo, pero no cualquiera puede probar y aportar elementos para echar luz sobre lo que hacen aquellos a quienes concedemos la facultad de administrar el Estado y nuestros recursos. Y hay en la política cierto conocimiento que da ventaja: saben cómo funciona cada pieza, para disimular y silbar bajito.
Pero, en este plano, donde lo que debería ser normal suele ser considerado extraordinario y maravilloso, la Justicia confirmó la extinción de dominio para un ex intendente que fue a juicio por enriquecerse de manera ilegítima. En palabras más sencillas: el fallo quedó firme y el acusado en cuestión tendrá que desprenderse de las propiedades que no supo o no pudo justificar y que servirán para reparar escuelas.
La sentencia es un buen recordatorio que va en dos direcciones: para los gobernados, porque no todo pasa, y para los que gobiernan, claramente, porque es un mensaje contra la impunidad. Y, de la misma manera, para los mecanismos de control y quienes ocupan puestos de decisión en ellos. Que actúen en consecuencia con el rol independiente que se les confiere, con la agudeza que se necesita para observar cada contrato, cada acción, cada compra que se ejecuta con el dinero de los contribuyentes.