El Consejo de la Magistratura es un organismo que debería actuar de manera independiente, puesto que sirve para evaluar cómo se comportan los jueces federales, aquellos que tienen causas delicadas, muchas de ellas relacionadas con el poder y la política o con organizaciones delictivas que montan estructuras a menudo complejas como el narcotráfico. Por eso, no cualquiera se puede sentar en esas sillas que se distribuyen entre distintos sectores, ya que participan autoridades judiciales, representantes de abogados y, por supuesto, donde las principales fuerzas necesitan poner a personas que respondan a demandas puntuales.
La maniobra en el Senado, por parte del kirchnerismo, para birlarle un espacio a Juntos por el Cambio está reñida con la institucionalidad. Es, prácticamente, una zancadilla al funcionamiento de este tipo de órganos. Nadie quiere quedar fuera de esa mesa de decisiones, donde se puede suspender a un magistrado o se puede dar carta blanca a otro. No es de extrañar que, en la pelea que existe entre oficialismo y oposición, la lógica del poder indique que es necesario colocar a alguien afín en función de un año complejo como el que se viene en relación con lo electoral.
Por otra parte, se pondrán en juego candidaturas que pueden judicializarse o aspirantes que estarán bajo la lupa de la Justicia. No son menores estos movimientos, ya que siembran acciones y sospechas hacia el futuro.
Sin embargo, en el fondo, lo preocupante es que se establece un antecedente peligroso, en el que el fallo de una Corte es ignorado por una funcionaria y el sector que la sustenta.