El embate del Gobierno nacional contra el Poder Judicial hay que verlo desde el punto de vista de los intereses que persiguen desde el Ejecutivo y –principalmente– desde la Presidencia del Senado. La idea es amedrentar el accionar de jueces y fiscales en las investigaciones por corrupción que tienen como protagonista, imputada y procesada a Cristina Fernández. La finalidad es clara: buscar cobertura, dilatar las causas y, de ser posible, lograr que todo se diluya y lograr que, por un motivo u otro, se extinga la acción penal.
Hecha esa aclaración, es válido hacer un repaso sobre el accionar de la Justicia, ya no sólo en la esfera federal, sino lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Mendoza.
El Poder Judicial se acostumbró a manejarse en un microclima. Jueces y fiscales juegan políticamente y son perspicaces para leer la lógica del poder. Incluso así, imponen sus propias reglas y suelen actuar de manera corporativa; aun, cuando no haya cuestiones políticas en disputa. Eso explica por qué, a pesar de haber cometido errores graves, el Jury de Enjuiciamiento se activa más que nada cuando existen escarnios públicos por cuestiones éticas y morales. Pero, rara vez se sancionan fallas que, en ocasiones, abrieron las puertas a una tragedia.
Por eso genera contrariedad el ataque abierto desde la Casa Rosada. Porque la necesidad de revisar y mejorar el accionar de los magistrados existe. Hace falta para lograr una sociedad más justa, pero no a costo de la impunidad del poder.