Este lunes, los representantes del Ministerio Público Fiscal terminarán su larga serie de alegatos en la causa conocida como Vialidad Nacional, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada de liderar una organización ilícita que se beneficiaba con la obra pública. La situación penal de la vicepresidenta ha provocado una reacción alérgica entre sus seguidores, que ya claman con una consigna que choca con cualquier principio democrático: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”.
No es fácil, por distintas razones, llevar a un funcionario al banquillo de los acusados ni, mucho menos, a alguien que ha estado al frente de la República. La suerte de estos debería depender de la solidez de las pruebas, una construcción que es compleja porque se produce contra quienes han operado desde el poder del Estado y su administración. Las presiones no suelen ser pocas y son causas calientes. Por eso, aquel clásico que parece más propio de la cancha, si se lo pasa a la vida política, tira abajo cualquier institucionalidad. Tampoco es demostrativo de inocencia alguna, muy por el contrario. Y produce un efecto intimidante contra otro poder que tiene por misión compensar las arbitrariedades, controlarlas, juzgarlas y condenarlas en un debido proceso con todas las de la ley.
Si Cristina es condenada al final de este debate oral, seguramente el camino procesal no termine aquí y durará más años. No sería de extrañar que se obre con algún mecanismo para zafar, tal como sucedió con Carlos Menem, un senador vitalicio, protegido por los fueros. Pero lo que hay que defender es la legalidad y legitimidad de un proceso judicial que tiene que ser ejemplar de cara a la sociedad.