La difusión de la lista con las personas que fueron vacunadas en la provincia sirve para llevar transparencia en medio del escándalo desatado a partir del vacunatorio vip que se había montado en el Ministerio de Salud de la Nación.
A partir de este punto, es válido destacar hasta dónde llega la responsabilidad del Estado en la trazabilidad que tienen las vacunas y si hay manera de controlar qué ocurre con las dosis cuando pasan a manos de privados que, por una cuestión logística, se suman a la red de instalaciones habilitadas para darle rapidez a la campaña de vacunación.
No se trata de la privatización del servicio de salud. El objetivo, definitivamente, tiene que ver con las capacidades propias y ajenas. En esta primera etapa, que contemplaba a los trabajadores sanitarios, la idea es que cada efector se hiciera cargo de su personal. La pregunta es saber quién se hace responsable políticamente del destino fehaciente de esas dosis. O, en todo caso, si se llegara a detectar alguna irregularidad en la lista, si la responsabilidad puede recaer en un funcionario o sobre el privado al que se le había delegado esa obligación.
Aquí, la diferencia entre montar una estructura desde el aparato estatal para beneficiar a los amigos del poder y quienes, aprovechando una posición privilegiada como dueños o directores de clínicas y hospitales, sacaron ventajas para cometer tropelías.
Conceptualmente, en ambos casos se puede hablar de corrupción. La diferencia está en el agravamiento y es donde aparece la obligación y el compromiso de quien ejerce una carga pública. Para ninguno de los dos habrá atenuantes ni perdón.