La política argentina parece empantanada desde el inicio de este milenio, en sus pujas por el poder, en zancadillas, borocotismos y maniobras controversiales. Todo sea por la hegemonía, ya sea en el Congreso o en algún organismo autárquico donde se juegan cartas significativas, como la libertad de las personas. La novela del Consejo de la Magistratura tiene esos tonos, donde parecería que lo más importante es tener el control para asegurar cierta impunidad. No es un organismo cualquiera, puesto que tiene la tarea de elegir y evaluar a jueces federales.
Si usted piensa que esos problemas de la burbuja política no le atañen, no se confunda. Como ejemplo lo tiene ahí al juez Walter Bento, acusado de graves delitos en sus tribunales y permanece en su cargo, firmando sentencias.
La última jugada de la vicepresidenta tiene esto de hacer de la política un círculo para nada virtuoso, puesto que pone en juego la idea de que vale cualquier artilugio o maña para no ceder ni un palmo ante la oposición en ese ámbito de decisiones. Puede ser, de igual manera, objeto judicializable, lo que traba aún más el trabajo de los consejeros que ya tienen un atraso importante para definir quiénes ocuparán determinados juzgados. El efecto inmediato que se consigue, si se convalida esta acción, es dotar ese organismo autárquico de más partidocracia. No hay nada que festejar, no hay jugada brillante porque de lo que estamos hablando es de la reducción del funcionamiento de las instituciones a las trampas que las somete la política.
De fondo, lo que hay que reclamar a nivel de la calle es la necesidad de que la Justicia se reforme para garantizar transparencia y acceso por parte de los ciudadanos que requieren de ese servicio esencial.