La independencia de los poderes del Estado es, en realidad, un juego basado en celos, competencias e intentos subrepticios para infiltrar influencias. Contrariamente a la teoría del espíritu republicano, en la práctica, la suma del poder siempre resulta una tentación; no sólo para quien está en el ejercicio del Ejecutivo sino también para quienes, a partir de sus facultades, intentan marcar terreno e imponer sus propias reglas.
El cuestionamiento hacia la Justicia tiene un poco de todo eso y abarca tanto a la federal como a la provincial. La tensión es la misma; con matices, tal vez, pero los intereses en pugna son similares.
Es una discusión donde queda expuesta, como pocas veces, la doble vara que cruza de manera transversal a toda la clase política argentina. Según la conveniencia, un fallo servirá como argumento para atacar o para defender a todo el sistema judicial.
En ambos casos, lo que se afecta es la credibilidad de las decisiones de los magistrados, cuyos cuestionamientos,
en ocasiones, tienen más sustentos jurídicos que políticos.
¿Existe intencionalidad en las actuaciones de jueces y fiscales? Es probable. Sin embargo, tan grave como eso es tener operadores judiciales que cometan fallas de fondo, que tienen que ver con el estricto desconocimiento de la ley.
Quizá, para mejorar la Justicia, haya que empezar por ahí; por revisar y controlar el proceso de evaluación y selección. Que sea un filtro real y que queden los mejores. Eso, al menos, será garantía de pericia. Qué hace y cómo maneja esos conocimientos, será otra historia.