Durante años, miles de mendocinos que no encontraban un lugar para construir en el Gran Mendoza decidieron avanzar en la conquista del oeste. Se trata de toda una zona que recorre a cuatro departamentos, desde Luján de Cuyo al sur hasta Las Heras al norte, pasando por Godoy Cruz y Capital. Con más o menos desarrollo, todo ese cordón se fue ocupando paulatinamente sin ningún atisbo de regulación. Así, el crecimiento fue desparejo en más de un punto, como la forma de construcción y la falta de servicios. Pero los terrenos eran mucho más accesibles y se aprovechó ese vacío que tiene la provincia y cada gestión que es no planificar hacia dónde se quiere y, mucho más importante, hacia dónde se puede urbanizar.
Como muchas leyes, la norma que regula la ocupación del piedemonte -y fue sancionada este miércoles- llegó años tarde con barrios hasta semiprivados y viviendas con piscinas. En el fondo es un problema estructural de la política y el Estado, en una provincia con los avatares meteorológicos, como el Zonda, o tectónicos, como los temblores. Pero aún más sin considerar el impacto global del cambio climático, que no es menor sino que termina afectando a cada región. En este punto, por ejemplo, los especialistas señalan que los fenómenos serán cada vez más brutales. Un barrio que no esté debidamente planificado pensando hasta en estas situaciones -que ya se han vivido en la provincia- marca al menos una expansión irregular y sin un mímimo parámetro de cuidado.
Y no lo es menos en el caso del agua, vital para el consumo pero también para las tareas domésticas. Los consultores extranjeros, pero también los funcionarios locales, reconocen que habrá menos agua en Mendoza. Y que si no se gestiona mejor, ante una mayor demanda por el sólo crecimiento poblacional, en pocos años habrá más conflictos y decisiones difíciles de tomar por un recurso escaso.