Desde hace años, la Justicia gira alrededor de un debate que no tiene que ver con su correcto funcionamiento o sus fallos, sino con un privilegio que la coloca en un sitial aparte del resto de los mortales. Se trata de si magistrados, también fiscales y funcionarios judiciales, deben pagar el Impuesto a las Ganancias. Por supuesto, cada vez que esta polémica se renueva, la corporación judicial ha señalado que se toca la independencia con la que se debe manejar este poder de la República.
Sin embargo, con el paso de los años y la profundización de las desigualdades, este principio se ha vuelto más una inequidad que otra cosa. Como siempre se dice, un juez habla por sus fallos. Por lo mismo, el funcionario que imparte justicia debe demostrar su distancia respecto de las partes interesadas en un conflicto, más aun con el poder de turno, a partir de las sentencias, y desde ahí manifestar su conducta. Por el contrario, la historia reciente muestra que ha habido jueces que equivocaron el rumbo y no pudieron justificar el crecimiento de su patrimonio.
El debate está nuevamente en la agenda por un artículo incluido en el presupuesto. Hay, más allá de lo argumentativo, una cuestión más abarcativa: en un momento de crisis no puede haber funcionarios del Estado privilegiados. No es una cuestión meramente tributaria, de aumentar la recaudación, sino por el hecho de que no puede haber castas beneficiadas.