Fuera de las agendas más urgentes, como el pulso de las góndolas, la política argentina debatirá en los próximos tiempos la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que, con aval de la Casa Rosada, el Frente de Todos impulsa para llevar de los actuales 5 integrantes a 25. No es que el servicio de Justicia en este país no merezca debatirse.
Por el contrario, es uno de los tres poderes del Estado más conservadores, al que más le cuesta movilizarse para cambiar a medida que la sociedad se va transformando y sus conflictos, también.
Acceder, en muchas ocasiones, no es una cuestión de derechos, sino de otras circunstancias más relacionadas al bolsillo de las víctimas. Es decir, hay más de una puerta por donde entrar a la discusión.
Pero, el tema acá es saber cuáles son los intereses que se mueven para fundamentar esta reforma jurídica, cuando en los Tribunales hay causas que todavía deben definirse y que pesan sobre las espaldas del oficialismo. La pregunta, entonces, es si se trata de vulnerar la independencia del máximo órgano judicial o hay una vocación por hacer más plurales las miradas sobre las distintas causas que llegan a las manos de los ministros.
En algún momento, este tipo de iniciativas debería ser central para un país que ha profundizado sus desigualdades, pero, como parte de un proyecto más abarcativo y no parcial, cuando el poder político presiona y muestra su descontento con los fallos que no le favorecen.