El asesinato de un niño de 5 años en Guaymallén y la herida de bala de una nena de 11 en Godoy Cruz no sólo son un llamado de atención en términos de seguridad, sino también una exigencia para que toda la dirigencia deje de lado rencillas y grietas y se siente, de una vez por todas, a establecer políticas de Estado que trasciendan gestiones y le devuelvan a Mendoza la posibilidad de que, incluso en momentos de crisis económica, recupere su estándar de vida.
No se trata estrictamente de mejorar la performance policial o de sacar más patrulleros a la calle. El abordaje del problema va mucho más allá. Debe ser entendido como un drama social que, tarde o temprano, impactará a todos, independientemente de las cuestiones partidarias. Los delincuentes no reconocen ideologías a la hora de atacar a sus víctimas.
Durante años, los debates sobre inseguridad se desencadenaban a partir de hechos que impactaban en las clases medias y altas. El delito se visibilizaba de esa manera. Sin embargo, son quienes viven en las zonas más marginales de la provincia los que más sufren el accionar del hampa: no sólo están desprotegidos, tampoco tienen recursos para contener a niños, niñas y adolescentes de no convertirse en soldaditos de bandas narco.
El crimen no puede ganarle espacio al Estado. Es ahí donde hay que trabajar, sin gritos ni gestos tribuneros, en serio, de verdad; generando oportunidades sin intereses electorales, sin llenar las calles bravas de punteros que, en definitiva, forman parte del circuito delictivo.
Más escuela, más docencia, más deportes, más espacios públicos sanos y saludables, más iluminación y más actores sociales ofreciendo maneras genuinas de salir adelante. Es entre todos. El que no lo entienda será cómplice.