Lo que pasó este miércoles, dentro y fuera del Congreso de la Nación, reflejó fielmente la grieta que divide al país. No es izquierda o derecha; ni siquiera el pueblo o la casta. Esta vez es más profunda y peligrosa: democracia o antidemocracia. Y hubo un sector que apostó claramente a la violencia. Y, más allá de la tradición de de obstaculizar a los gobiernos que no son de su color político, esta vez fueron muy lejos. Y quedaron expuestos.
Mientras los senadores debatían la ley Bases en el recinto, un grupo de delincuentes intentó frenar la sesión a pura violencia. Las imágenes, impactantes, no fueron novedosas: se parecieron demasiado a las registradas el 14 de diciembre de 2017 cuando la Cámara de Diputados trataba un proyecto de reforma del cálculo de aumento jubilatorio que había enviado al Congreso el por entonces presidente Mauricio Macri.
En aquella oportunidad, los violentos consiguieron que la sesión se postergara por los graves disturbios que ocurrieron afuera del Palacio Legislativo, en la Plaza de los Dos Congresos. Ahora no lo lograron, pese a que algunos senadores opositores hicieron todo lo posible para que la historia se repita. Incluso, diputados del mismo partido intentaron frenar el despliegue policial y provocar a las fuerzas para luego armar una narrativa basada en la palabra “represión”.
Los senadores debatieron durante varias horas, se chicanearon, votaron, empataron y definió la vicepresidenta Victoria Villarruel. Más allá de las grandes diferencias entre aquellos que apoyaron y quienes rechazaron la Ley Bases, la sesión ocurrió dentro de un marco constitucional.
En cambio, lo que pasó afuera del Congreso no tuvo nada de constitucional. Fue una muestra más de intolerancia y violencia extrema por parte de bandas de delincuentes que, amparadas e incentivadas por sectores políticos, sociales y sindicales, atentaron contra el funcionamiento legislativo, buscando poner en jaque a la democracia.