A medida que pasan los días, la expectativa sobre un gobierno que representaba un salto al vacío durante la campaña electoral ya va dando forma a algunas certezas.
La devaluación fue una de ellas. Ahora, el Ejecutivo nacional se apresta a dar un paso más que importante con la presentación de un decreto de necesidad y urgencia que avanzará sobre un espectro diverso de situaciones sobre las que se ha construido la sociedad argentina: la economía, las relaciones laborales, los contratos de alquiler y hasta el sistema electoral.
Todo esto y más parece estar contenido en una sola norma con un concepto simple, pero totalizador: la desregulación.
Es probable que la vida del país cambie en cuestión de días y meses bajo estas nuevas normas. También es posible que, en medio del alza de precios, se alimente la conflictividad social.
Estos cimbronazos de shock generan tensión y afectan intereses particulares. Es cierto que en algunas cuestiones se necesitan reformas profundas a problemas estructurales y otros que han surgido en los últimos años. Pero también es oportuno que estos cambios tengan el suficiente consenso para avanzar. Y que el objetivo sea, finalmente, mejorar la calidad de vida de los argentinos.
