Cuando las crisis financieras de una administración derivan en un plan de ajuste de diversas áreas del Estado, la elección de dónde se dejará de invertir es una decisión tan arbitraria como significativa, principalmente, porque pueden afectarse derechos de sectores vulnerables. No son decisiones fáciles y pueden generar consecuencias que compliquen prestaciones importantes.
También impacta la inflación, que altera cualquier presupuesto inicial, y más en la salud, donde se factura en dólares en muchos casos.
Con ese panorama, hay que atender de manera urgente lo que está sucediendo con los profesionales que tratan a chicos con discapacidad. Son terapeutas y docentes que cumplen una función muy importante para el desarrollo de estos pacientes, ya sea en su aspecto motriz como en lo cognitivo. Su trabajo les permite adaptarse a las demandas de la sociedad e incorporarlos a la misma. Los atrasos que se están dando en estos casos terminan afectando, precisamente, al eslabón más vulnerable, puesto que se pierden días de atención que, en definitiva, son valiosos.
Por ello, la elección política de dónde se tienen que aplicar las tijeras no puede darse en estas secciones sensibles socialmente para el Estado. La arbitrariedad termina vulnerando derechos adquiridos.