No es una novedad que los legisladores nacionales por Mendoza viajen al Congreso y olviden a quiénes deben representar. Es un conflicto histórico el que se plantea, en el que entran en disputa la obediencia debida partidaria con la defensa de los intereses de los mendocinos, porque, suele suceder, ambos conceptos no van en la misma sintonía.
Lo que está ocurriendo en el debate por la modificación de la ley que regula la industria de los hidrocarburos es un caso testigo y pone aún más de manifiesto para qué equipo jugará cada senador y cada diputado.
El gobernador Francisco Pérez decidió acompañar la postura del resto de las provincias productoras de petróleo, que consideran que si se aprueba el proyecto impulsado por la empresa YPF y por el Ejecutivo nacional, se verán seriamente afectadas las finanzas provinciales.
Pero, además, hay otro dato: como pocas veces ha ocurrido, la Nación tendrá la capacidad de entrometerse en las cuentas y en la planificación de las provincias, con la facultad de modificar decisiones impositivas que no están dentro de su jurisdicción. Básicamente, se está planteando una defensa del federalismo. Y ahí está Pérez. Y, del otro lado, están quienes sólo quieren ganar la congratulación de la Casa Rosada.