El servicio de justicia es una de las funciones más complejas en el Estado, puesto que ahí se juegan diversidad de conflictos. Algunas de estas causas a menudo llegan a la instancia más importante de la provincia, que es la Suprema Corte. Pero por estos días, el máximo tribunal está involucrado en una pelea que no tiene que ver estrictamente con lo judicial y más profundamente con lo político.
Sus integrantes no salieron de un repollo: todos ellos fueron designados por el Senado de la Provincia y algunos pasaron por el Poder Ejecutivo. Incluso, son conocidas sus filiaciones políticas. Hasta el momento, los fallos -hasta los más delicados- se han dado con mayor o menos equilibrio. Sin embargo, la armonía aparente en ese cuerpo se ha resquebrajado por las diferencias partidarias y las resoluciones ahora no ocultan esta grieta. No sólo son discusiones penales o civiles, las áreas del derecho donde deben argumentarse a favor o en contra respecto de algún litigio. La política partidaria cruzó la calle y metió la cola en otro poder.
La politización de la justicia provincial no le sirve en nada a los mendocinos. Esta pulseada, por el contrario, puede llegar a afectar los derechos de quienes recurren a ese poder en busca de una resolución a sus problemas.