En las últimas horas, las noticias policiales han tenido como protagonistas a personas que deberían ser parte de la estructura del Estado para perseguir y reprimir el delito. Sin embargo, esta vez, estuvieron del lado de los imputados.
Por lo tanto, si bien el argumento –a veces válido– será decir que se trató de hechos aislados, la participación de un policía en un hecho delictivo y su posterior accidente en un patrullero, y la sospecha firme de que un perito clave en muchas investigaciones cobraba coimas para beneficiar a los investigados, ponen de manifiesto la crisis institucional que repercute directamente en los reclamos por más y mejor seguridad.
En definitiva, se trata de un fuerte llamado de atención para aquellos organismos encargados de seleccionar, evaluar y controlar a quienes forman parte de las diferentes etapas de un proceso penal. Se entiende que ellos son fundamentales, cada uno en su momento, para el trazado de una estrategia de política criminal. Y es inevitable que si existen tantas dudas sobre cómo serán sus actuaciones, la desconfianza sea lógica.