El Gobierno de Mendoza está dispuesto a avanzar con la reforma de la Constitución. Es un intento más, que han iniciado con poco y nada de suerte distintas gestiones sin distinción de signo político. Y a la par de esta voluntad por modernizar la Carta Magna provincial, que fue aprobada en 1916, también hubo esfuerzos por poner palos en la rueda y hacer zancadillas para que la cuestión no avance. Esto desnuda, en el fondo, que la clase dirigente mendocina nunca ha llegado a un consenso amplio sobre las líneas generales de lo que quiere para su Constitución, que no es una simple norma, puesto que está involucrada en la cotidianeidad de los que viven en esta provincia.
Volver a pensar qué se quiere incluir en ese cuerpo legal también tiene que escapar de la coyuntura y, sobre todo, de las mezquindades. Porque, ante todo, si estas máximas han servido para funcionar administrativa y políticamente en los últimos 100 años, también tienen que prepararnos para regular la vida de los próximos 30 o 50 años, al menos. En definitiva, una agenda hacia el futuro. El problema es que hay más de un interés particular y nadie quiere soltar la vaca que tiene atada. Si en algún momento el consenso se da, procuremos que sea para el favor de los mendocinos y no de unos pocos que viven en su burbuja.