En marzo, el embajador argentino en Santiago de Chile se tomó el trabajo de recorrer la ruta internacional 7. Observó, preguntó, cuestionó y se enojó. Tuvo tiempo para contemplar la serie de procesos que se implementan desde Uspallata, Horcones y Libertadores para que una persona y un vehículo cruce la cordillera. Encontró más de un problema.
Hasta el momento, las quejas habían apuntado con dureza a las demoras en la aduana trasandina, aunque cuenta con mejores condiciones edilicias que la que se ubica en Horcones. Un contingente de pasajeros no puede estar varado casi 24 horas en la alta montaña y con temperaturas bajo cero. Es desproporcionado y hasta riesgoso. Va en contra de lo que una aduana moderna tiene que ser.
En 2019, se anunció que habría nuevo edificio para el complejo Roque Carranza. Las obras empezaron, pero se estancaron y hoy están frenadas. La decisión y la responsabilidad de lo que ocurra en el paso a Chile en toda su extensión es de la Nación.
Podrán instalar peajes, como se ha especulado públicamente, para mejorar las condiciones de la ruta. Pero si no se modifican los procesos en la aduana, será lo mismo y en cualquier época del año. No se trata de que los controles sean peores, sino más ágiles y modernos. Hoy tienen que pensar en alternativas para mejorar la atención y fluidez en el tránsito de los pasajeros.