La relación entre Nación y Provincia ha sido históricamente conflictiva, de tensiones. Pero este recelo mutuo se ha profundizado en épocas de ajuste, donde los proyectos económicos que se piensan y ejecutan desde la centralidad administrativa del Poder Ejecutivo son disonantes respecto de cómo se plantean sobrevivir las provincias cuando no hay feelin politico.
La negociación por la ley ómnibus es el capítulo actual. Si bien la norma pretende desregular la economía nacional, la Casa Rosada decidió retirar el paquete fiscal de la norma para favorecer su tratamiento posterior. Esta discusión será inevitable en este cambio de época y Mendoza tendrá que estar bien parada ya que las presiones son muchas y las desventajas coyunturales, a veces, son más fuertes.
Sobre todo, porque la Provincia ya viene siendo marginada en los últimos cuatro años del reparto de fondos nacionales que se otorgaban arbitrariamente. Incluso ha estado limitada en sus planes de desarrollo, tal como pasó con Portezuelo del Viento.
Ahora se viene la discusión por un nuevo pacto fiscal, donde la pelea es por la coparticipación de los recursos. Si esto permite reformular el esquema de impuestos, puede ser una oportunidad no sólo para los dirigentes con responsabilidad institucional, sino también para el vecino, el emprendedor y el autónomo, que viven de otra manera la presión impositiva.
Pero si la pulseada es por ver quién tiene la cuchara para raspar el fondo de olla, entonces será un tire y afloje descarnado por la sola supervivencia para los próximos cuatro años, tal como se plantea la discusión por coparticipar el impuesto PAIS. Hay una máxima no escrita en política económica. Todo lo que era coyuntural, llegó para quedarse. En ese punto, sólo las administraciones que han sido responsables la pasarán menos peor. Mendoza no puede perder más.