Había una vez en una escuela de Guaymallén un grupo de docentes comprometidos con la educación y con la comunidad castigada por la crisis. Estos maestros crearon el Proyecto Atención a la Diversidad con el fin de abrir puertas a los niños hacia un futuro más prometedor en valores como el respeto y la responsabilidad. Sin gabinete de psicólogos ni psicopedagogos, trabajaron arduamente para mejorar logros, minimizando las diferencias del sistema, ya que “no todos” cuentan con “todo” lo que se dice (música, informática, teatro) y lograr así insertarlos en una sociedad que se dice inclusiva. Gracias al proyecto fueron ingresando niños con capacidades diferentes con muchas ganas de aprender.
Pero también ingresaron otras familias con otros criterios, en los que primaba la violencia, la agresión verbal y física, el acoso hacia pares, docentes, directivos, la amenaza, la falta de límites; en donde las frases “a mí no me pueden sacar”, “no me pueden tocar”, “yo hago lo que quiero” eran de uso diario. Por supuesto, no querían aprender y fueron creando un clima de temor, inseguridad, de impotencia para actuar, ya que nadie se hacía eco de notas, actas, reclamos de padres y de docentes, desvirtuando así nuestro objetivo.
¿Quiénes tienen los derechos, una familia que amenaza y agrede dentro y fuera del establecimiento o el resto de la comunidad? ¿Quién nos debe proteger? La palabra discriminación, ¿en qué casos es aplicable? Que alguien nos ayude, que alguien se comprometa frente a estas situaciones, para que podamos trabajar en paz y felices y así poder lograr lo que nos propusimos.