Sigue cobrando víctimas la incapacidad del Gobierno. La violencia delictual contra otro taxista confirma lo previsible. Cualquiera de nosotros a diario se informa de delitos que afectan a personas cercanas. La “sensación térmica” coincide con la realidad. Estamos mucho peor. Aunque, tanto el gobernador Jaque como Ciurca intenten sin éxito decir lo contrario. Y si bien es cierto que nadie podrá resolver mágicamente en lo inmediato este flagelo, también lo es que, en la provincia, los diagnósticos oficiales subestiman la gravedad de los hechos. Por otra parte, no se acierta con la política y la metodología apta para encarar con éxito la situación.
En nuestra provincia no hay política de Estado para la seguridad pública. Los partidos tradicionales no han acertado en definir correctamente de lo que se trata. Para Aguinaga (PD), Bruni (UCR) y Cazaban (PJ), política de Estado significa que el oficialismo gestiona y la oposición controla. Este enfoque, que puede ser válido para los actos de Gobierno, en general, de ninguna manera lo es cuando se trata de salvaguardar la seguridad y la vida de las personas. Garantizarlos supone la participación de todas las miradas democráticas, desde lo político y también desde lo social. Del consenso democrático, tienen que surgir las políticas de corto, mediano y largo plazo. Pero también los funcionarios aptos para tamaña tarea.