Instar a que se delate a quienes no comulgamos con el ideario oficialista es, además de un despropósito, un delito. Resulta elemental que algún fiscal lo encuadre y actúe de oficio. Cristian Martínez Klein, de existir y tener responsabilidades en las “denuncias kirchneristas” –el blog mendocino filo K–, tiene que abandonar su conchabo en el Gobierno local. El gobernador debería pronunciarse. Y los ámbitos parlamentarios, partidos políticos democráticos, organizaciones sociales, etcétera, deberían opinar al respecto. Después de 40 años de idas y vueltas, se está juzgando a represores que hicieron del odio una filosofía y de la intolerancia un método. Paradójicamente, aparecen energúmenos “mas papistas que el Papa” que no tienen otra ocurrencia que exhortar a institucionalizar la alcahuetería y hacer cundir el temor. Otros hechos de similar gravedad están evidenciando señales no democráticas con origen en el poder político. Quienes quieran reivindicar a Perón y a Kirchner están en todo su derecho. Que lo hagan en las unidades básicas y en el PJ. De ninguna manera en los libros de texto. Quienes quieran militar en las escuelas secundarias y en la universidad con posiciones afines a los K, que lo hagan. Pero, de ninguna manera, con dinero que es de todos. Puede discreparse con las posiciones de tal o cual periodista. Pero no deben utilizarse el Estado y sus recursos para desatar campañas en contra de alguno de ellos.