El Gobierno mendocino está siendo extorsionado desde que se privatizaron irracionalmente las empresas de energía (Edemsa), Gas del Estado (Ecogas), YPF (Repsol- YPF) Agua y Cloacas (OSM SA) y Ferrocarriles. De más está significar que las mismas no lo fueron a título gratuito ni se constituyeron en entidades benefactoras. Su finalidad es lucrar. La rentabilidad de las mismas produjeron un verdadero despojo al patrimonio provincial, que, hasta su desvinculación, proveía fuentes de trabajo digno con valor agregado.
Hoy sale a la luz la exigencia de aumentos de tarifas, bajo amenazas de cortes de servicios. Ante estas irregularidades y la negativa a invertir lo convenido contractualmente, es imperioso que los mandatarios actuales y los entrantes normalicen su situación, estatizando las empresas mencionadas, porque los ingresos de la mayoría de los usuarios –el pueblo– son tan exiguos que no pueden solventar tales costos y se hallan sometido al cumplimiento de reglas perversas imposibles de cumplir.