No obstante existir fondos –110.000 millones de pesos– más que suficientes para paliar el hambre de los jubilados del país, aún, los funcionarios nacionales dependientes de la Presidencia de la Nación y sus asesores parecería que padecen miopía y la inocultable intencionalidad de que los abuelos y bisabuelos culminen sus últimos días sentados en las veredas, pidiendo limosnas y durmiendo como los cartoneros, por carecer de una vivienda digna, en violación al artículo 14 bis de la Constitución nacional.
¿Será que la burocracia estatal está desorientada e ignora a más de 5.000.000 de acreedores al jubileo y, en lugar de obrar conforme a la lógica y ética administrativa, satisface la demanda de reclamos de la sociedad con objetivos perversos? El sistema de seguridad social fue instituido para que la tercera y cuarta edad gozaran y no sufrieran. En el caso de sentencias judiciales tramitadas desde 1992 aún impagas y cuyo plazo máximo es de 90 días para su cancelación total, se están infringiendo las leyes porque no se ha dado cumplimiento a las recaídas durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 y vuelta otra vez a efectuar denuncias penales, acciones de amparo, ejecución de sentencias, abarrotando los estrados judiciales de expedientes, más los gastos de personal respectivo. La Justicia cuando es lenta se convierte en injusticia.