Indignados por el decreto de aumento a los docente que firmó el gobernador Alfredo Cornejo, en la mañana de este miércoles, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) presentó una acción de inconstitucionalidad de esa medida ante la Justicia. Ahora el Gobierno tiene veinte días para responder la demanda judicial del gremio.
El abogado del sindicato, Héctor Santander, explicó algunos de los motivos por el cual pide que el decreto se declare inconstitucional. “El Ejecutivo ha arrasado con disposiciones constitucionales. La Constitución provincial prohíbe este tipo de ítems para remunerar la tarea habitual”, explicó. Entre los argumentos que figuran en la denuncia el sindicato señala que se incluyó “de manera unilateral” ese incentivo que Cornejo quiere para los docentes.
“El ítem aula incurre en fraude a la ley y da por tierra con el sistema de negociación colectiva para el sector público”, señala la denuncia. Por otra parte, desde el SUTE consideran que el decreto “viola los convenios colectivos vigentes”. “La patronal no puede ir en contra de los derechos adquiridos”, indicó el titular del gremio, Adrián Mateluna.
También solicitan la inconstitucionalidad porque el decreto dispone porcentajes diferentes de aumento salarial “discriminando” entre cargos y horas cátedras por lo que se solicita una equiparación. Además el abogado explicó que la ley que ratificó el decreto tuvo irregularidades en la aprobación porque el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, no debía desempatar en la segunda ronda.
“El Gobierno está teniendo prácticas antidemocráticas”, indicó Mateluna, quien anticipó que iniciarán “querellas” contra el director General de Escuelas (DGE), Jaime Correas, por algunos de sus dichos especialmente cuando se ha referido a que las juntas calificadoras están manejadas por el SUTE.
Mientras tanto este miércoles el gremio docente lleva adelante el plenario provincial donde decidirán los pasos a seguir en el plan de lucha. El mandato que llega desde los departamentos es el de sumarse al paro del próximo 4 de abril convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), donde se espera además que participen otros gremios provinciales.
Otros argumentos en contra del decreto citados por el SUTE son los siguientes:
– El Decreto 228/2016 resulta inconstitucional porque el gobernador se arroga facultades que están establecidas por la Constitución provincial y su reglamentación legislativa en otro órgano de gobierno, en jurisdicción de la Dirección General de Escuelas, violando su obligación de hacer cumplir las leyes.
– El gobernador dispone por sí mismo, sin intervención alguna del Consejo Provincial de Educación, sobre políticas educativas y fondos que están legalmente bajo la administración de la Dirección General de Escuelas.
– No se consultó al Consejo General de Educación, que es un órgano de consulta obligada tanto en lo respectivo a la política educativa general como para todos aquellos temas relacionados con el ordenamiento educativo.