Tras la polémica que se generó luego de conocerse los datos de las declaraciones juradas de los funcionarios del gobernador Alfredo Cornejo, esta mañana el fiscal de Estado, Fernando Simón, fue convocado por el mandatario a una reunión que duró media hora.
Esta situación provocó un clima de máxima tensión entre el organismo de control y el Gobierno.
El malestar en la Casa de Gobierno se generó por la repercusión que tuvieron los montos irrisorios declarados por los funcionarios, que indignaron a gran parte de la ciudadanía.
En los documentos declarados aparecieron cifras que van desde un Mercedes Benz modelo 1991 de 1 peso, del ministro de Seguridad, Gianni Venier, a una casa de 0,70 centavos de la vicegobernadora Laura Montero, sólo por citar dos ejemplos.
Lo cierto es que un día después de la publicación de las declaraciones juradas, el gobernador convocó al fiscal de Estado.
Tras el encuentro entre Simón y Cornejo, desde el gobierno afirmaron que la reunión rondó en torno a la coparticipación para fijar los detalles de la demanda a la Nación, sin embargo se trataron “otros temas”. Nadie lo confirmó oficialmente, pero las declaraciones juradas fueron otro eje importante del encuentro.
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Las diferencias entre el Gobierno y la Fiscalía de Estado son claras. Por un lado, desde el organismo que comanda Simón sostienen que cumplen con su obligación de publicar las declaraciones juradas. Mientras que en el Ejecutivo juran que los funcionarios hicieron las presentaciones de acuerdo a lo que les fue solicitado y argumentan que nadie les dijo que tenían que colocar el valor real de las propiedades o automotores.
En la página web de la Fiscalía de Estado figura el instructivo que deben leer los funcionarios al momento de presentar sus declaraciones juradas. En cuanto a los valores de los bienes inmuebles y muebles, se solicita que coloquen el valor registrado. Ante tanta confusión, uno de los abogados de la Fiscalía de Estado, Mariano Made, a cargo de las declaraciones juradas, aclaró lo que solicitan.
En cuanto al formulario, el letrado señaló que se mejoró el que venía de la escribanía de Gobierno y “algunas cosas se piden con más detalles”. En cuanto al precio de un inmueble o un vehículo se solicita que el valor esté registrado en algún organismo público. “Puede ponerse el valor que figura en ATM o el del Registro de la Propiedad, por ejemplo”, indicó.
En la mayoría de los casos, los funcionarios colocan el valor del avalúo, que históricamente representa entre el 25% y el 30% del valor del mercado De todos modos, Made indicó que podrían haber puesto el valor real de las casas y de los vehículos. “Es una cuestión de sentido común”, sostuvo.
Sin embargo aclaró que a la Fiscalía de Estado está lejos de la polémica y que se aboca a investigar la evolución del patrimonio y no los montos. Las declaraciones juradas se actualizan anualmente y si una persona pasó de tener un inmueble a cuatro, ahí es donde el organismo de control deberá analizar el incremento de los bienes.
El titular de la ATM, Alejandro Donati, también se refirió a estar controversia que se generó y apuntó contra el decreto del ex gobernador Francisco Pérez para defender el criterio de los funcionarios. “No determinó cómo se deben valuar los bienes, entonces queda a criterio de cada uno”, indicó.
“El decreto no determinó una metodología de cálculo”, añadió el funcionario. Es por eso que desde el oficialismo defienden los montos que se colocaron en cada caso.
A raíz de esta situación, varios coinciden en que el decreto Nº 1.789 que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas, no tiene “fuerza” por lo que se torna necesaria la sanción de una ley, aunque por ahora desde el Ejecutivo no se han manifestado por esta situación.
La defensa de Montero
En la declaración jurada de la vicegobernadora figura una casa que compró en 1987 valuada en 70 centavos. Desde su entorno salieron a aclarar la situación y señalaron que, por un lado el valor está en australes, y expresaron que según la ley, debe colocar el monto con el que ingresó al patrimonio en ese momento.
Para explicar el monto hacen referencia al articulado de la Ley de Impuesto a las Ganancias: “En el caso de contribuyentes que recibieran bienes por herencia, legado o donación, se considerará como valor de adquisición el valor impositivo que tales bienes tuvieran para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio de aquellos y como fecha de adquisición esta última. En caso de no poderse determinar el referido valor, se considerará, como valor de adquisición, el fijado para el pago de los impuestos que graven la transmisión gratuita de bienes o en su defecto el atribuible al bien a la fecha de esta última transmisión en la forma que determine la reglamentación Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”.
Además la norma señala que los bienes adquiridos al 31 de diciembre de 1946 se consignarán por su valuación fiscal a esa fecha. Los adquiridos posteriormente, inclusive, por su precio de compra más los gastos efectivamente realizados con motivo de la compra (escrituras, comisiones, etcétera), así como los importes pagados hasta la fecha de posesión o escrituración en concepto de intereses y actualizaciones.
Es por eso que argumentan que la ley obliga a registrarlo con el monto original, por lo que no debe llamar la atención que un bien comprado hace tanto tiempo, luego de varias devaluaciones figure con esos valores, ya que se trata del valor real al momento del ingreso al patrimonio.