La gestión de Desarollo Social del gobierno de Francisco Pérez sigue dando que hablar por maniobras que aún no están muy claras en lo que se refiere a la entrega y administración de subsidios. Según explicó la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, al llegar a la gestión se encontraron con irregularidades dentro del “consorcio de gestión local” que recibía fondos de la nación y que no rindió $1.670.000. 

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El CUIL de esa asociación fue dado de baja a través de una resolución de la Nación porque no se rindió todo el dinero que se le destinó al consorcio, sin embargo a pesar de haber caducado por irregularidades siguió operando y otorgó fondos a través del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES).

El FIDES maneja la mitad del presupuesto de Desarrollo Social, y se financia con fondos del presupuesto provincial, en total recibe unos 500 millones de pesos. El dinero de ese fondo se destina para conceptos de emergencia basados en la urgencia y en la necesidad, y en este caso se entregó dinero para microemprendimientos a diversas asociaciones.

“Mendoza forma parte de un consorcio, una asociación privada-pública donde el Estado provincial es parte decisora con organizaciones administradoras privadas y se entregaban microcréditos a las unidades ejecutoras”, explicó la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández.

En ese sentido la funcionaria explicó que el problema se dio fue porque las unidades ejecutoras no fueron bien seleccionadas, y el consorcio siguió otorgando dinero a pesar de existir una resolución de caducidad. A esto se suma que se otorgó dinero a “lugares que no existen”, o asociaciones que no habían ejecutado ningún proyecto, o en algunos casos una misma asociación recibió más de un créditos, es decir que no realizaban tampoco cruce de datos.

“El CUIL lo entregaba la nación, ellos siguieron gestionando y cuando han hecho las transferencias han puesto el numero de CUIL pese a no haber rendido y que el consorcio había sido dado de baja”, añadió Fernández. 

Además la gestión actual deberá otorgar $300.000, que estaban destinados a emergencia social, para pagar una deuda de honorarios a los profesionales que dejaron los funcionarios anteriores que integraban el consorcio. El problema, explicó Fernández, es que el Gobierno tiene “muchas necesidades sociales” para atender y ahora deberá descontar ese dinero del FIDES para saldar la deuda con los profesionales.

Por estas irregularidades la funcionaria apuntó contra su antecesor, Rafael Moyano -quien no dio respuesta pese a los intentos de comuncación de este diario–, actualmente concejal del FpV de Guaymallén y de otros miembros que integraron el consorcio. Teniendo en cuenta esta situación darán aviso a la Fiscalía de Estado para que investigue en profundidad este caso.

A raíz de esta situación el Ejecutivo local trabaja en la conformación de un nuevo consorcio ya que consideran que es una “muy buena” herramienta para otorgar microcréditos.