De acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional, la prisión preventiva debería ser una excepción a la regla general, que es la libertad. En todo caso, aquella persona acusada e investigada por un delito, no debería esperar el juicio en su contra tras las rejas, salvo que una autoridad judicial determine que existe riesgo de fuga o que puede interferir o perjudicar el proceso penal.

Este principio fue relativizado por el Gobierno provincial desde el día en que Alfredo Cornejo asumió como mandatario. Se entendió que, debido al contexto y a la crisis de inseguridad, dentro de las medidas para combatir el delito era necesario convertir la prisión preventiva en regla. Era una manera de evitar “reiterancia”, concepto que implica que una persona tenga causas abiertas y que vuelva a ser detenido, incluso, antes de que se haga un juicio en su contra. A partir de allí se estableció el viejo debate entre una Justicia mano dura o garantista.

La discusión se planteó siempre bajo la premisa de tener frente a un fiscal o a un juez a un estereotipo de delincuente, tal como los que suelen pulular en los pasillos de los tribunales provinciales y que responden  a las estigmatizaciones que se traducen luego en las estadísticas penitenciarias: hombre, menor de 30 años y con bajo nivel de instrucción. Es el ladrón, violador, golpeador, estafador y asesino que el Gobierno, la Justicia y la sociedad quieren ver preso hasta el momento de la sentencia. No importa si después es culpable o inocente.

Fue el propio Cornejo quien el año pasado sugirió que “quienes cometan delitos graves o muy graves deben esperar su juzgamiento en prisión, no en libertad”.

El dilema se plantea cuando se rompen esos clichés. Cuando el acusado es un funcionario público; cuando son chicos de familias pudientes; cuando los imputados son portadores de apellidos con abolengo. Sospechosos con pedigrí.

En menos de un mes se dieron dos situaciones puntuales que marcaron cómo la Justicia se mueve al ritmo de los intereses que están en juego. Se hace con disimulo, es cierto. Discursos cargados de objetividad, por un lado, con frases hechas del tipo “actuaremos hasta las últimas consecuencias”, y actitudes enemistadas con las imparcialidad. Ejemplo: darles a los imputados un tratamiento vip sólo por sus condiciones socioeconómicas.

Influencia mata preventiva

El caso del ahora ex ministro de Salud Rubén Giacchi marcó tendencia. Denunciado por golpear a quien era su novia, la  imputación se limitó a “lesiones leves” y no se tuvo en cuenta la temática de género. Eso le permitió esquivar cualquier posibilidad de visitar el penal de Boulogne Sur Mer, aunque no todos suelen tener la misma suerte. Su situación fue cotejada con las de otros hombres acusados por hechos similares y se encontró una pequeña diferencia: ellos estaban presos.

No es nuevo el tratamiento que se le da desde los estrados judiciales a quienes son catalogados ABC1, un concepto tomado del marketing y que se refiere a los grupos socioeconómicos más altos. No importa si es en calidad de víctima o acusado. Recibirá una atención especial. De hecho, sólo 2% de la población penal de Mendoza entra en esta categorización.

En el 2008, Oscar Tarqui, un médico reconocido de la provincia, fue investigado por la muerte de su esposa. El entonces fiscal especial Luis Correa Llano hizo lugar a una denuncia que indicaba que la mujer no había fallecido accidentalmente sino que había sido víctima de una dura golpiza.

Tarqui se fugó de Mendoza y pudo ser capturado gracias a que sus comunicaciones fueron intervenidas. A pesar de que el riesgo de fuga fue corroborado y de haber mostrado poca voluntad para someterse a las acciones penales, en cuestión de días fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

En el 2002 ocurrió algo similar. De los imputados por la muerte de José Luis Bolognezi, sólo Carlos “Metralleta” Pérez, un ex boxeador de mal pasar económico, estuvo en prisión. Abdo Girala, en cambio, hijo de un reconocido empresario de la zona Este, llegó al juicio oral sin sentir que su libertad había sido restringida. Estuvo prófugo un tiempo y reapareció cuando la eximición de prisión era un hecho.

O la fiscal Valeria Ponce, que en el 2011 fue descubierta a través de una cámara de video robando un celular. Fue sometida a una exhaustiva pericia psiquiátrica a las que no cualquier preso accede. Le diagnosticaron bipolaridad y su caso quedó en la nada.

Billetera mata preventiva

Tampoco fueron presos los rugbiers Nicolás Andía, Guillermo Villegas, Lucas Gabrielli y Juan Brennan. Entre los cuatro se encargaron de golpear, cortar y fracturar en diferentes partes del cuerpo a Valentín Azpilcueta en el 2008. Siete años más tarde, todo se arregló con un pedido de disculpas y el pago de casi medio millón de pesos.

La idea no es que las cárceles estén aún más superpobladas. Y resulta positivo que se priorice el beneficio de la duda hasta tanto exista una sentencia. El tema pasa por desnudar cómo funciona la doble vara judicial.

Por eso vale hacer un ejercicio. Por un momento, la idea es olvidarse de los nombres de los protagonistas y del lugar en que ocurrió todo. Es, justamente, lo que se espera del accionar judicial: que no se guíe por los nombres que aparecen en la carátula del expediente.

Hechos. Una chica denuncia haber sido víctima de una violación masiva. Se logra identificar a siete personas. Llueven imputaciones. La mayoría, por abuso sexual con acceso carnal. El resto, por tocamientos. Sentido común: todos detenidos.

La historia dirá que los acusados son jugadores de rugby y de familias con alto poder adquisitivo e influencias. Que lograron subir y bajar de la fiscalía por el ascensor que usan solamente los magistrados y que así evadieron a la prensa. Que ningún detenido común accede a ese privilegio. Que la fianza establecida para garantizar la libertad fue de 150 mil pesos; una cifra que, dadas las circunstancias, resultó accesible. Nadie preso.