Yordano Albert Llapo Fernández tiene 36 años.

Llegó a Mendoza después de escapar de la Justicia de Perú y logró recuperar la libertad durante algunas semanas por una demora en la presentación de los documentos diplomáticos. Sin embargo, su situación volvió a cambiar y quedó complicado.

Un juez federal de nuestra provincia declaró procedente el pedido de extradición de Yordano Albert Llapo Fernández, el peruano de 36 años que fue detenido en Guaymallén, acusado de cometer abusos sexuales contra una menor de 14 años. Con este fallo, mientras permanece bajo prisión preventiva, se encamina a ser trasladado a su país de origen para responder ante los tribunales que lo reclaman.

La resolución marcó de esta forma un nuevo capítulo en una historia que comenzó varios años atrás en la ciudad de Trujillo y que tuvo un giro inesperado cuando el hombre fue localizado en julio de este año. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol y era buscado por las autoridades de su país por un expediente de delitos contra la integridad sexual.

La captura se concretó el 20 de julio de este año, cuando efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional lo localizaron en Guaymallén.

Su nombre figuraba entre los requeridos por la Justicia peruana y hasta se había ofrecido una recompensa para dar con su paradero. Era uno de los más buscados de su país.

Pero la detención no significó que su destino fuera inmediatamente Perú. Primero debía cumplirse un procedimiento judicial y diplomático para determinar si estaban dadas las condiciones legales para entregarlo.

En una primera instancia, Llapo Fernández rechazó ser extraditado voluntariamente. El 7 de agosto consiguió que le concedieran el arresto domiciliario, bajo una caución real de 5 millones de pesos y con prohibición de abandonar el país. La medida se hizo efectiva cuatro días después y quedó alojado en una casa de calle Martín García, en El Bermejo.

La situación tuvo otro giro el 18 de septiembre. Como habían transcurrido los 60 días previstos por el tratado bilateral sin que Perú hubiera enviado la documentación formal para avanzar con la extradición, se dispuso su inmediata libertad. Sin embargo, continuaron vigentes las restricciones para salir de la Argentina y la caución económica.

La aparente pausa en el procedimiento duró poco. El 30 de septiembre, la Cancillería argentina confirmó que había recibido por vía diplomática el pedido formal de extradición de las autoridades peruanas. El expediente volvió a ponerse en marcha y el hombre quedó nuevamente frente a la posibilidad de ser enviado a su país.

El avance del expediente

El pasado jueves 5 de este mes, se realizó la audiencia de juicio de extradición. Para entonces, el sujeto ya había sido notificado de la presentación formal de Perú y volvió a manifestar que no aceptaba una entrega voluntaria.

La discusión judicial no estuvo centrada en determinar si había cometido los hechos que le atribuyen en su país. El objeto del proceso era establecer si se encontraban reunidos los requisitos legales para que la Argentina autorizara su entrega.

La Justicia peruana lo reclamaba para juzgarlo por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el pudor de menor de 14 años. La acusación sostiene que habría realizado tocamientos contra su sobrina en tres oportunidades.

Según los antecedentes remitidos, los hechos investigados se remontan al 2012. El 3 de marzo del 2014, el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo había dictado el auto de enjuiciamiento y dispuesto su prisión preventiva, además de librar órdenes de captura.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que se declarara procedente la extradición y que se ordenara la prisión preventiva. La defensa, por su parte, no discutió la identidad del acusado, la imputación, la doble incriminación ni la vigencia de la acción penal. Su planteo estuvo dirigido a obtener la libertad de su asistido o, subsidiariamente, que continuara bajo arresto domiciliario.

Finalmente, el juez federal con funciones de Garantías, Marcelo Garnica, resolvió hacer lugar al requerimiento peruano.

El magistrado consideró que la documentación presentada cumplía con las exigencias del tratado de extradición vigente entre ambos países. Entre otros puntos, verificó que la conducta atribuida al hombre también constituye un delito en la legislación argentina, un requisito conocido como doble incriminación, y que la acción penal no se encontraba prescripta.

De esa manera, declaró procedente la extradición de Llapo Fernández y ordenó su prisión preventiva durante el tramo final del procedimiento.

Cómo será el traslado

La resolución no implica que el hombre vaya a subir inmediatamente a un avión rumbo a Perú. Todavía resta que la decisión quede firme y que se complete la instancia administrativa y diplomática correspondiente.

Una vez cumplido ese paso, las actuaciones serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación para coordinar con las autoridades peruanas la entrega del requerido.

Hasta que se concrete ese procedimiento, Llapo Fernández deberá permanecer detenido bajo prisión preventiva.

Así las cosas, después de haber sido localizado en Mendoza por una alerta internacional, pasar por un arresto domiciliario y recuperar transitoriamente la libertad por una demora en el trámite, el sospechoso quedó a un paso de ser enviado a su país para ser juzgado.