El Gobierno nacional aguarda con cautela la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El pronunciamiento está previsto para el próximo 28 de noviembre, luego de las audiencias realizadas esta semana en Hamburgo, Alemania. Mientras tanto, la Casa Rosada prepara distintas respuestas jurídicas y diplomáticas ante los posibles resultados.
En el Ejecutivo reconocen que existe la posibilidad de que los magistrados rechacen el planteo argentino por cuestiones de jurisdicción, aunque también contemplan una resolución favorable o parcialmente favorable. La principal preocupación pasa por la posición británica, que sostiene que la controversia no puede analizarse sin resolver previamente la disputa por la soberanía de las islas. La Argentina, en cambio, sostiene que el tribunal puede proteger los derechos sobre los recursos naturales sin pronunciarse sobre la titularidad territorial del archipiélago.
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El planteo presentado por el país busca obtener medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura productiva vinculada con el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. También solicita restringir el uso de información obtenida durante las tareas de exploración, evitar obstáculos a las obligaciones argentinas de protección ambiental y frenar nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.
La preocupación del Gobierno está vinculada con el avance del proyecto petrolero y el inicio previsto de las perforaciones durante 2027. La delegación argentina advirtió que la extracción de recursos no renovables podría provocar un perjuicio irreversible. Sin embargo, la defensa británica cuestionó la existencia de una situación de urgencia y sostuvo que la producción comercial no comenzaría antes de 2028.
La resolución del Tribunal del Mar no definirá quién ejerce la soberanía sobre Malvinas. Se trata de una instancia preliminar que debe determinar si corresponde establecer medidas de protección mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia de fondo. Por eso, en la Casa Rosada sostienen que una eventual decisión desfavorable no significará el cierre del reclamo argentino.
El Gobierno contempla tres escenarios: que se concedan las medidas solicitadas, que se establezcan protecciones parciales o que se rechace la presentación. En cualquiera de los casos, la estrategia oficial apunta a continuar con el arbitraje internacional y mantener las actuaciones diplomáticas y administrativas contra las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.
En paralelo, la administración nacional avanza con otras herramientas para cuestionar la explotación petrolera británica. Entre ellas figuran las actuaciones contra empresas y proveedores vinculados con las operaciones en Malvinas, las más de 180 notas de desaliento dirigidas a compañías y los procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas y entidades. También impulsa el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento legislativo forma parte de la agenda oficial.
De esta manera, el 28 de noviembre será una primera definición judicial sobre la protección de los recursos naturales en disputa, pero no resolverá la controversia por la soberanía de las islas. La Casa Rosada busca sostener el reclamo por distintas vías y ya prepara los próximos pasos independientemente del resultado que llegue desde Hamburgo.