El costo Mendoza, las tres velocidades a las que marcha la economía de la provincia y el consenso más la acción de la política, sostienen un documento elaborado por una decena de economistas e investigadores de diversa extracción ideológica que, tras ser convocados por un senador provincial, alcanzaron un consenso general sobre la dirección que debiese tomar la economía de los próximos años para escapar del estancamiento que se apoderó de ella en los últimos años.
Hubo aquí algo más importante que el resultado mismo del trabajo que demandó tres meses de estudio: la decisión de sentarse a discutir qué necesita Mendoza para recuperar el crecimiento y construir una estrategia de desarrollo que trascienda los tiempos políticos y las urgencias de cada gobierno.
El trabajo, que contó con la participación de Nicolás Aroma, Rodrigo González, Sebastián Laza, Rubén de la Llana, Gustavo Rivarola, Julián Sadofschi y Pablo Salvador, bajo la coordinación general del senador Martín Kerchner, terminó plasmando un documento que identifica once ejes sobre los cuales podría comenzar a construirse una columna vertebral para el desarrollo económico provincial.
La iniciativa resulta, en principio, saludable, prometedora y, por sobre todo, necesaria. Reunir miradas distintas, incluso aquellas que parten de concepciones económicas que no siempre coinciden para identificar puntos en común y construir desde allí una agenda de políticas públicas que aspire a convertirse en política de Estado constituye un ejercicio institucional que Mendoza debería celebrar. No es común en estos tiempos de grieta, exabruptos, enfrentamientos inútiles y del fracaso total en la búsqueda del diálogo.
La provincia tiene por delante un desafío que supera, como se ha dicho varias veces, la discusión sobre cómo administrar las cuentas públicas o cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen determinadas actividades económicas, escasas además. Mendoza lleva demasiado tiempo, unos quince años, sin encontrar una dinámica de crecimiento sostenido, con dificultades para generar empleo privado registrado y con una economía que, pese a conservar importantes ventajas comparativas, no consigue traducirlas en un proceso de desarrollo a gran escala. Quince años de estancamiento relativo deberían ser suficientes para entender que hace falta algo más que una buena administración de los recursos.
Los consensos alcanzados parecen partir de esa premisa. El primero, y probablemente el más conocido, es la necesidad de profundizar el orden fiscal mediante una segunda generación de reformas, una etapa que ya no debería limitarse al equilibrio de las cuentas públicas, sino avanzar sobre la eficiencia del Estado, la calidad del gasto y la revisión de aquellas estructuras que condicionan la competitividad de la economía.
El segundo punto coloca a la inversión privada como principal motor de la economía, partiendo del desarrollo de la Marca Mendoza como el lugar de las condiciones necesarias para que la inversión resulte atractiva, rentable y previsible. Descubrir los llamados semáforos de competitividad, una herramienta destinada a identificar y medir el denominado costo Mendoza, es decir, aquellos factores provinciales que encarecen la producción y colocan a las empresas locales en desventaja frente a otras jurisdicciones.
Mendoza compite con provincias y economías regionales que disputan las mismas inversiones, pero también con países que ofrecen condiciones diferentes para producir, exportar y generar empleo. La presión tributaria, los costos logísticos, la infraestructura, la disponibilidad de financiamiento y las regulaciones forman parte de una ecuación que termina definiendo dónde se invierte y dónde no.
Otro de los aspectos interesantes es la propuesta de una política productiva y económica de tres velocidades, que parte de reconocer que no todos los sectores de la economía mendocina atraviesan la misma situación ni tienen los mismos tiempos de maduración. La minería, la energía y determinadas actividades agroindustriales pueden ofrecer oportunidades de expansión e inversión que no encuentran hoy la industria, el comercio o la construcción.
La clave pasa por evitar que esas velocidades terminen convirtiéndose en economías separadas, donde algunos sectores crezcan sin conseguir traccionar al resto. La integración aparece, en ese sentido, como otro de los consensos relevantes, tanto en su dimensión territorial como económica y comercial. Mendoza necesita mejorar su vinculación con los mercados nacionales e internacionales, aprovechar su posición estratégica en el corredor bioceánico y profundizar su relación con Chile y el resto de la región. Esa integración requiere infraestructura, y por eso el documento incorpora la necesidad de identificar y priorizar inversiones estratégicas que permitan superar los históricos condicionamientos logísticos de la provincia.
El financiamiento productivo amplio, el empleo y la empleabilidad completan otra parte sustancial de la agenda. La formación laboral y la adecuación de la oferta educativa a las demandas de una economía en transformación deberían formar parte de una misma discusión.
A esto se suma la necesidad de elaborar un plan de exportaciones que permita ampliar y diversificar la presencia de Mendoza en los mercados externos, junto con la creación de un centro de datos de información económica que contribuya a mejorar la calidad de los diagnósticos y las decisiones públicas y privadas. Finalmente, el agua y el ambiente aparecen como cuestiones estructurales, no solamente por las restricciones que impone la disponibilidad de recursos naturales, sino porque cualquier estrategia de crecimiento deberá contemplar su aprovechamiento eficiente y responsable.
El documento tiene la virtud de no reducir el desarrollo a una sola variable. Es un paso para que se puedan construir las condiciones para que todas esas dimensiones puedan funcionar juntas.
Hay un gran desafío por delante. La agenda de desarrollo no puede depender exclusivamente de la voluntad de un gobierno ni quedar atada a los tiempos electorales. Necesita continuidad, previsibilidad y una institucionalidad capaz de sostenerla.
Ponerse de acuerdo sobre el rumbo es un buen comienzo. Conseguir que ese rumbo se transforme en una política sostenida, capaz de atravesar gobiernos y producir resultados concretos, será la verdadera medida del éxito. La provincia ya no tiene demasiado margen para seguir confundiendo el potencial que se difunde con la necesidad impostergable del desarrollo efectivo.