El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank y solicitó su prisión preventiva. La acusación incluye los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La misma medida alcanza a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP).
La presentación fue realizada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomarles declaración indagatoria a ambos. Tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar. En el caso del ex titular del Banco Central, la imputación también incluye el presunto delito de producción de documentos públicos de contenido falso.
La Fiscalía pidió que ambos permanezcan bajo prisión preventiva y que se disponga la inhibición de sus bienes. Sin embargo, la solicitud deberá ser evaluada por la Justicia, que tendrá que resolver las medidas cautelares. La imputación no implica una condena ni significa que el pedido de prisión preventiva ya haya sido concedido.
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La fiscal adjunta Nancy Salomón confirmó la decisión ante la prensa y aseguró que la investigación recién comienza. “Estamos empezando una investigación conforme los elementos recolectados. La investigación se encuentra abierta, e iremos incorporando elementos”, señaló. También explicó que Peña fue trasladado a declarar a la sede del Ministerio Público para evitar posibles disturbios.
El avance judicial se produce en medio de una crisis política e institucional que terminó con la salida de Peña del Gobierno. El Congreso paraguayo lo destituyó el viernes mediante un juicio político, en medio de las denuncias por presuntas irregularidades financieras y su vinculación con el grupo empresario propietario de Ueno Bank. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato.
El colapso de Ueno Bank dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos y desató protestas en Paraguay. La investigación apunta a presuntas operaciones financieras irregulares, préstamos a empresas vinculadas al grupo propietario y el manejo de fondos públicos durante la gestión de Peña. Según un relevamiento de Chequeado, la crisis afectó a unos 2,9 millones de personas, entre ellas 32.000 jubilados.