El Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para conseguir el respaldo de los bloques dialoguistas y avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. Las modificaciones incluyen límites a las sanciones contra empresas extranjeras, la creación de una comisión bicameral de seguimiento y cambios en las penas por interferir en procesos electorales o manipular la opinión pública.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16. Sin embargo, el encuentro podría modificarse debido a las dificultades del oficialismo para reunir las firmas necesarias para emitir dictamen.

La negociación quedó a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici, quien mantuvo conversaciones con los bloques cercanos al Gobierno. Desde el Congreso y la Casa Rosada señalaron que el tratamiento de la iniciativa continúa y que buscan consensuar los cambios con los sectores que presentaron propuestas propias.

Las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas

Uno de los principales cambios alcanza al régimen de sanciones previsto para empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en las Islas Malvinas. El texto original apuntaba, entre otros actores, a compañías vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas en la Cuenca Malvinas.

Las modificaciones se produjeron después de que Estados Unidos advirtiera sobre las posibles consecuencias que las sanciones podían tener para sus empresas. La cuestión fue abordada durante una reunión entre Milei y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la Casa Rosada. También tuvo participación en las gestiones el embajador Peter Lamelas.

Con la nueva redacción, las sanciones quedarán limitadas a quienes intervengan directamente en negocios ilegales dentro del territorio argentino, como operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los proyectos. En cambio, quedarán excluidos los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las compañías involucradas.

Una comisión bicameral para controlar al Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo presidido por el jefe de Estado que buscará coordinar la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior.

Entre sus atribuciones estará evaluar inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

Para sumar el respaldo de los bloques aliados, el Ejecutivo aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso. El organismo podrá auditar las decisiones y los procedimientos del Consejo, que estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo.

La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Según el cambio anunciado, el Gobierno deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

Cambios en las penas por interferir en elecciones

Otra modificación afecta al artículo que establece penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.

La nueva versión excluye expresamente de esas sanciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses. El cambio respondió a planteos de sectores cercanos al oficialismo, entre ellos la Unión Cívica Radical (UCR), y a cuestionamientos de Unión por la Patria, como los formulados por la diputada Agustina Propato.

Además, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, fue incorporado como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional. El texto también precisa las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque no establece una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca acercar posiciones con los bloques dialoguistas y reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen en Diputados.