El Gobierno de Mendoza puso en vigencia la declaración de la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial durante los próximos 180 días corridos, estipula el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial tras su sanción la semana pasada en la Legislatura.
A través de esta herramienta legal, las autoridades buscan anticiparse a los efectos imprevistos del ciclo El Niño 2026-2027, con el objetivo central de resguardar a las comunidades más vulnerables, proteger la infraestructura vial y garantizar el funcionamiento sin interrupciones de los servicios esenciales, según los argumentos.
El decreto faculta a las distintas dependencias estatales y organismos descentralizados a contratar bienes y servicios de manera directa y urgente, exceptuándolos temporalmente del régimen general de compras públicas.
Esta agilización administrativa exige mantener los principios de transparencia y rendición de cuentas, quedando prohibido usar estas vías de excepción para gastos cotidianos o no vinculados con la contingencia climática.
Asimismo, el Poder Ejecutivo destinará y reasignará las partidas presupuestarias necesarias para financiar las operaciones de prevención.
Obras urgentes y controles obligatorios
La norma autoriza la ejecución prioritaria de obras hidráulicas, tareas de limpieza en colectores pluviales, mejoras en las redes de drenaje y reparaciones inmediatas en caminos dañados o en riesgo de colapso.
Además, contempla la ampliación de la red provincial de monitoreo en conjunto con el Departamento General de Irrigación para detectar alertas tempranas sobre crecidas e inundaciones. Pese a la rapidez que demandan los trabajos, el texto establece que la urgencia no anulará las normas ambientales vigentes, por lo que cada intervención requerirá la supervisión técnica correspondiente para evitar impactos ecológicos negativos.
El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial asumirá el rol de autoridad de aplicación y reglamentará los procedimientos específicos en los próximos diez días hábiles.
El Poder Ejecutivo conserva la facultad de prorrogar la medida por otros seis meses si las condiciones del clima lo exigen, informando dicha decisión a la Legislatura provincial.
Una vez finalizada la contingencia, la cartera oficial deberá presentar ante ambas cámaras legislativas un informe consolidado con los gastos ejecutados y el detalle de todas las obras concretadas.