El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco; junto con la exsecretaria de Gobierno de esa comuna, Janina Ortiz, llegaron a un acuerdo con la fiscalía de Delitos Económicos, en el marco del juicio abreviado por la causa conocida como “Cooperativa Fantasma“. Están imputados por peculado doloso, acusados de desviar fondos de esa comuna. Ortiz también fue imputada por amenazas coactivas. Las condenas para ambos están cada vez más cerca, pero no irán a la cárcel.
Los exfuncionarios ofrecieron una pena de 3 años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El primer pedido de la defensa fue una pena de 2 años para Orozco y 3 para Ortiz (por las dos imputaciones), una propuesta que recibió el visto bueno de la querella, representada por el Gobierno. Luego hubo una actualización a pedido de la fiscalía, que prestó su conformidad para el nuevo acuerdo.
Solo resta que sea homologado por el Tribunal Penal Colegiado N°1 que interviene. Deben solicitar una audiencia para que se ratifique el pacto luego de admitir la plataforma fáctica del Ministerio Público.
La causa y el resto de los imputados
Los exfuncionarios fueron imputados por peculado doloso. Durante la instrucción, el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli puso el foco en una serie de transferencias de fondos de la Municipalidad de Las Heras a la cooperativa Manos a la Obra, conducida por un empleado municipal. A Orozco y Ortiz, la fiscalía les atribuyó cuatro hechos desde el año 2021 al 2023. Según la elevación a juicio, tenían la “finalidad de obtener dinero público de la Municipalidad de Las Heras con un claro perjuicio para el patrimonio municipal“.
El caso fue destapado durante la campaña electoral de 2023, a partir de unos audios que fueron atribuidos al ex subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, otro de los que está imputado por peculado doloso.
En ellos, se lo escucha describir cómo eran las operaciones. El material fue grabado por una ex empleada municipal a quien Ortiz habría amenazado para que mantenga relaciones sexuales con él y lo registre para obtener esa información. Esta amenaza derivó en la imputación específica para la exsecretaria de Gobierno lasherino.
Además del excandidato a vicegobernador y la actual diputada cuya banca está en suspenso, fue imputado el propio Oyhenart, Hernán Mostaccio (jefe de Licencias de Conducir y secretario de Modernización), Juan Pablo Pandolfi (agente contratado y yerno de Oyhenart) y Daniel Herrera (contador). También Adrián Pérez quien era empleado y titular de la cooperativa.
Sobre estos imputados también pesa la elevación a juicio, imputados por ser partícipes necesarios.
Hay otro grupo de 6 funcionarios que no fueron incluidos dentro de la maniobra dolosa de desvíos de fondos, pero que quedaron involucrados en la causa por su “negligencia y/o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo”. Todos ellos zafaron del juicio y solo debieron pagar una multa, que no los inhabilita.
Se trata de Mauro Homan (director de Asuntos Legales), Mauricio Valle (exdirector de Compras), Diego Tolin (exsubdirector de Contaduría), Leandro Tassi (director de Contaduría), Patricia Díaz (extesorera) y Carlos Nofal (exsecretario de Hacienda). Entre todos acreditaron un pago de 62 millones de pesos en noviembre del año pasado.