La frustración, el sufrimiento y la desazón que provoca la falta de resultados visibles del plan de estabilización de la economía permiten decir que el gobierno de Javier Milei no está pasando por un buen momento. El programa logró bajar la inflación, pero todavía no consigue que sus beneficios lleguen con claridad a la economía de bolsillo. Y ese problema también se traslada a Mendoza, donde la administración de Alfredo Cornejo, su socia política, ha comenzado a transitar el camino electoral hacia la sucesión institucional de 2027.

Cornejo, que no puede ser reelecto como se sabe, tiene dos problemas por delante: por un lado, la macroeconomía, esa que vuela en algún sentido, no consigue extender sus supuestos beneficios a la economía de bolsillo o de a pie, y que termina reflejándose en Mendoza, claro está. Y todo lo que desde la provincia se hace no luce: la leve, pero constante y persistente disminución de impuestos –política que probablemente se ratifique en el presupuesto 2027–; los programas Enlace y Enlazados, con el compromiso de un esfuerzo fiscal que no se desconoce; la inversión del ciento por ciento del Fondo de Resarcimiento en obras de infraestructura para mantener en pie la construcción provincial, no han frenado, sin embargo, el declive constante de todos los índices económicos y sociales que más duelen en Mendoza: suben el desempleo y la pobreza; más los cierres de empresas, de locales comerciales y toda esa gama de pesadumbres que acompaña el desasosiego.

El gobierno de Cornejo tiene otra piedra por delante, predecible hay que decir, y es el de la confirmación de un contrincante electoral al que está tomando con seriedad surgido del mismo espacio que comparten con la nación, pese al acuerdo electoral con Milei, quien le ha asegurado que no alentará un candidato propio para la gobernación que termine incomodando a su candidato. Se trata de Luis Petri, que contra viento y marea asoma, envalentonado con enfrentar al aspirante que surja del oficialismo tras la venia del gobernador.

Así y todo, por la alianza que han conformado, ambas administraciones, la provincial como la nacional –mucho más la nacional por lo que pone en juego–, tienen que lidiar con las malas noticias que les trae la actividad económica, que no repunta y que suma desconfianza en el ámbito internacional, aún con el proceso de reforma encarado. Hay algo que no está funcionando y no permite que todos los sectores mejoren su posición y que aquellos que mueven el empleo intensivo se hayan resentido al punto de estar hundiéndose. Algo que no da con la tecla correcta, pese al descenso de la inflación y el ajuste del gasto y del descontrol del que se venía.

A poco de la llegada de Javier Milei al poder, hacia mediados de 2024, el Banco Mundial puso bajo la lupa la pobreza en la Argentina, que alcanzaba por ese tiempo al 52,9 por ciento de la población, uno de los lastres dejados como herencia para el libertario tras una más que ominosa, en sentido amplio, administración del kirchnerista Alberto Fernández. En aquel momento, el Banco Mundial aseveró lo que muchos intuyen y conocen: que cuando se está frente a una economía que no crece y que no genera empleo de calidad se limitan fuertemente las posibilidades de escapar de la pobreza, mientras que la inflación, ese mal nacional crónico y estructural que ha caracterizado a nuestro país, erosiona los ingresos, muy especialmente los de los hogares pobres.

En diciembre de 2023 la inflación interanual llegó al 211 por ciento. Milei logró reducirla y, más o menos, controlarla en el nivel del 30 por ciento anual. Para 2027, realista y sensato, el gobierno del libertario decidió bajarle la espuma y el entusiasmo a sus propios pronósticos de grandes victorias contra el mayor mal de la economía cultural argentina, vaticinando que el aumento de los precios navegaría el año próximo entre el 18 y el 21 por ciento. El brusco descenso inflacionario, a costa de todo lo que se sabe: una actividad económica estancada y en picada para algunos sectores, y un enfriamiento de los índices económicos clave pocas veces visto, permitió que varios millones de personas abandonaran la pobreza para ubicarse en los sectores medio bajos de la escala social del país. Fueron aquellos millones, dicen los expertos, que más cerca se encontraban de la frontera y que durante meses y años se acostumbraron a vivir aferrados de sus dedos a la punta de la cornisa, haciendo fuerza para no caerse.

Pero la pobreza ha vuelto a subir, del 28,2 por ciento de fines de 2025 al 32,3 por ciento del primer semestre de este 2026 en marcha a nivel nacional y al 36,9 por ciento en Mendoza. La pobreza se convierte en el primer tema de la agenda política nacional, aunque la misma política haga esfuerzos por no verla, ignorarla o subestimarla.

La pobreza en ascenso es la muestra más palpable de que necesita de un abordaje integral que no sólo se focalice en el combate contra la inflación, sino que requiere claramente de un crecimiento de la economía a niveles tales que genere empleo de calidad y pague salarios de un nivel tal que le ganen la carrera al costo de vida. Todo lo que la economía argentina no tiene o de lo que adolece. El gran objetivo a tener en cuenta para una política que ingresará en clave electoral en breve, con vistas al recambio institucional tanto en la Nación como en la provincia.

¿Y qué pasó para que, en un proceso de desinflación claro y evidente, como el que muestran los datos oficiales, la pobreza haya vuelto a crecer? Todo indica que lo ocurrido tiene que ver con una economía estancada, con empleos insuficientes y precarios y con salarios reales que no logran subir. El combo ha producido lo que se ve: el crecimiento, una vez más, de la pobreza, alcanzando casi un piso estructural del cual no baja. El rebote tiene otra explicación evidente: en el primer semestre del año los ingresos familiares subieron sólo un 11,5 por ciento, por debajo del aumento de la Canasta Básica Total, que orilla 1,6 millones de pesos promedio en el país.

En aquel informe de 2024, el Banco Mundial también aseveró, con la vista puesta en la pobreza del país, que la misma se ha movido en un mar limitado por cuatro trampas, según describió al fenómeno: la trampa de la inflación y el desequilibrio fiscal, por la cual el aumento sostenido de los precios afectó más a los pobres, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios y presionando, a la vez, a un ajuste sostenido de los programas sociales, limitando la eficiencia distributiva del gasto social; una segunda trampa marcada por la informalidad laboral, la que ha generado empleos precarios y mal remunerados, sin darle posibilidad de ahorro a las familias ni mejoras en la calidad de vida y con graves problemas de acceso a la salud; una tercera trampa determinada por la desigualdad generacional y regional, producto de un mayor gasto dirigido hacia la población anciana que hacia niños y adolescentes, sector en donde la pobreza ha golpeado más fuertemente, generando una pobreza crónica y ausente de cualquier posibilidad de movilidad social; y un cuarto elemento asociado a la pobreza, si se quiere, marcado por los fenómenos climáticos que, al provocar sequías o inundaciones severas, han destruido cultivos y la subsistencia de numerosas cantidades de hogares.

La inflación podrá seguir bajando en el país, lo que es absolutamente necesario que suceda. Pero no logrará por sí sola hacer descender los niveles de pobreza en un país en el que nunca logró perforar el piso del 25 por ciento que se alcanzó, al menos en los últimos 50 años, en la primera década y media del actual siglo, aquella en la que el precio de los commodities voló.

La realidad está marcando que la estabilización de algunas de las variables económicas podrá detener el deterioro, pero para lograr avances significativos en la reducción de la pobreza es condición sine qua non una economía que genere más producción, más productividad, más empleo formal y salarios reales capaces de ganarle a la Canasta Básica Total.

Mendoza todavía espera y mira –dicen algunos que lo hace desde la primera fila–, cómo el funcionamiento de los motores económicos que hacen crecer una parte de la economía macro llegue a tocarla con algún beneficio, aunque fuese en los bordes de sus límites y fronteras. Mientras, 395 mil personas del Gran Mendoza se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

¿Hacia dónde se mira? Quizás un buen camino sea el de encadenar lo que anda bien, que así lo hará indefectiblemente en poco tiempo, con lo que se está cayendo sin posibilidad de salvación. La minería intensiva en capital, como la parte de Vaca Muerta que le toca a Mendoza, el agro tecnificado y la energía, van en esa dirección con empleo de calidad. Lo que sí se sabe es que quienes aportan empleo intensivo, como el comercio, la industria, la construcción y algunos servicios específicos, hoy están a la baja.

Aquella gestión de gobierno que logre encadenar los primeros sectores en alza para que “tiren” de los segundos, y encuentre la manera de hacerlo, tendrá una buena parte del reconocimiento de las generaciones futuras o de los próximos años. Que una inversión minera, petrolera o energética consiga generar no sólo exportaciones, sino proveedores; que demande trabajo de la metalmecánica, anime el transporte, movilice la construcción, genere capacitación, cree empleo formal de calidad, aumente los salarios, mueva el comercio y que ese comercio demande de otras empresas.