La esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tendrá que enfrentar un juicio oral al haber sido imputada por los delitos de malvesación y de tráfico de influencias. La primera dama tendrá que sentarse frente a un juicio por jurado que determinará si es culpable o no.
El juez cerró formalmente la etapa de instrucción y ratificó el envío a un juicio con jurado popular, centrando el proceso en determinantes imputaciones penales que afectan de lleno al entorno del Palacio de La Moncloa. También está imputada su asesora, Cristina Álvarez, solo por malversación.
Las imputaciones judiciales y los alcances del banquillo de acusados
El magistrado resolvió que existen “indicios razonables de conducta delictiva” para que la esposa del presidente del Gobierno español responda formalmente ante la justicia por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
Dentro de las mismas imputaciones que motivan el juicio por jurados, el expediente también pone bajo la lupa a su asistente personal, quien fue contratada con fondos públicos y señalada por realizar gestiones vinculadas directamente a la cátedra universitaria de Gómez.
Peinado ordenó determinar “la capacidad económica” de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que se aporten a la causa las cinco últimas declaraciones de su patrimonio en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.
El juez considera que Gómez y Álvarez deberán responder como “responsables civiles directas y solidarias” de la petición de la Universidad Complutense de Madrid, que reclama 113.509 euros de perjuicio.
Las acusaciones populares que coordina Hazte Oír piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 para Cristina Álvarez. Sin embargo, la Fiscalía y las defensas piden la absolución.
El origen del escándalo que sacudió al Gobierno español
La investigación judicial comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias.
La denuncia inicial señalaba presuntas irregularidades vinculadas a las actividades profesionales de Begoña Gómez en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid (donde codirigía una cátedra) y sus relaciones con diferentes empresarios, apuntando a un supuesto uso de su influencia personal.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, asumió el caso y abrió diligencias previas.
Peinado imputó formalmente a Gómez y recabó la declaración de diversos testigos y altos cargos. El propio Pedro Sánchez fue citado como testigo en el Palacio de La Moncloa, pero optó por acogerse a su derecho a no declarar por ser cónyuge de la investigada.
Desde el Ejecutivo español se ha sostenido firmemente que todo el caso forma parte de una campaña de persecución política orquestada por sectores de la oposición para desgastar a la administración de Pedro Sánchez.
Por el contrario, los partidos de la oposición han utilizado la investigación de forma sistemática para cuestionar la gestión y la ética del oficialismo.
Con información de Clarín, La Tercera y EFE.