El gobierno de La Pampa formalizó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado Nacional para frenar los efectos del decreto que otorga a la Provincia de Mendoza la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.
La presentación judicial, respaldada por el mandatario provincial, busca declarar la inconstitucionalidad de una normativa que, según detallaron medios pampeanos, elimina el esquema histórico de coparticipación de recursos energéticos en la cuenca del río Atuel.
El reclamo apunta directamente contra la decisión que deja a los pampeanos sin los fondos correspondientes a la generación eléctrica de la represa ubicada en San Rafael.
Al respecto, el gobernador Sergio Ziliotto advirtió que “las regalías del río Atuel también son pampeanas”, al ratificar que no abandonarán ninguna instancia de defensa institucional frente a lo que calificó como un avasalamiento de las autonomías provinciales y del federalismo.
Una pulseada histórica por los recursos del agua y la energía
La ofensiva judicial de La Pampa profundiza la histórica disputa limítrofe y ambiental con Mendoza por el uso del río Atuel.
Desde la administración provincial sostienen que la modificación reglamentaria dictada por la Nación vulnera los derechos económicos del distrito sobre una cuenca hídrica compartida, cuyo aprovechamiento hidroeléctrico genera millonarios réditos financieros que ahora recaen de manera exclusiva en arcas mendocinas.
Con esta demanda formal en los tribunales federales, el conflicto interprovincial suma un nuevo capítulo de máxima tensión política y jurídica.
Mientras la administración de Ziliotto exige la suspensión cautelar de los artículos cuestionados para evitar un perjuicio irreparable a las cuentas públicas, la máxima instancia judicial del país deberá intervenir para resolver el trasfondo de una puja federal que enfrenta nuevamente a ambas provincias cuyanas y pampeanas por el control de los recursos estratégicos.
Mendoza celebró y cuestionó al gobierno pampeano
Conocido el decreto nacoinal, la respuesta del Ejecutivo mendocino no tardó en llegar.
La ministra de Energía y Ambiente provincial, Jimena Latorre, desestimó los cuestionamientos y aseguró que “poca razón les asiste” a los funcionarios de La Pampa, defendiendo el nuevo régimen de regalías y advirtiendo que una eventual presentación judicial no tendrá efecto suspensivo sobre la aplicación de la norma.
El Ejecutivo mendocino remarcó que el decreto presidencial restituye un derecho legítimo sobre los recursos emplazados en territorio provincial, cerrando un reclamo histórico de medio siglo.