La Suprema Corte confirmó el sobreseimiento de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, que habían sido desligados de la denuncia por abuso sexual contra una mendocina en 2024.

El máximo tribunal rechazó el planteo de Natacha Romano, abogada de la denunciante. Además, no hizo lugar al pedido de la defensa de los deportistas para investigar a Romano por su accionar como patrocinante.

El fallo fue firmado por Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llatser.

La causa se inició luego de que una mujer denunciara haber sido violada por los dos deportistas, que habían llegado a Mendoza para disputar un partido entre el seleccionado francés y Los Pumas.

Luego del encuentro, los jugadores salieron a celebrar el triunfo. Uno de ellos y la denunciante se conocieron en el boliche Wabi, y pocos minutos después se dirigieron al hotel céntrico en que se alojaba la delegación gala.

Varias horas después de llegar a su casa y enviarle audios a un amiga para contarle lo bien que lo había pasado, decidió hacer una denuncia por abuso sexual contra los dos rugbiers.

Esos mensajes, los registros de las cámaras de seguridad del hotel y la ausencia de lesiones compatibles con abuso sexual agravado con acceso carnal fueron la clave de la investigación.

Tras haberlos detenido en Buenos Aires y negarles la salida del país, la Justicia local trajo a Hugo Auradou y a Oscar Jegou a Mendoza, los imputó y determinó la prisión preventiva domiciliaria.

Finalmente, ante la falta de pruebas para sostener la denuncia, el abogado defensor de los jugadores, Rafael Cúneo Libarona, solicitó el sobreseimiento de sus clientes.

La Fiscalía de delitos contra la integridad sexual entendieron que no había motivos para los rugbiers franceses continuaran imputados y los desligaron del caso.

La causa se caracterizó por la cantidad de acusaciones entre los abogados intervinientes y, en particular, el destrato de Romano contra los magistrados que intervinieron en el expediente. A tal punto, que se pidió una compulsa en su contra por entender que había impulsado una falsa denuncia, pero finalmente no prosperó.

A pesar de la apelación de Romano en la Suprema Corte para torcer la historia, el máximo tribunal mendocino no encontró motivo alguno para tomar una determinación contraria a la que ya habían adoptado la Fiscalía y los juzgados inferiores. Y rechazó el planteo.