El Gobierno rechazó el recurso jerárquico presentado por ocho trabajadores del Ministerio de Salud que reclamaban el reconocimiento de la antigüedad correspondiente al período en que prestaron servicios bajo contratos de locación antes de ingresar a planta permanente. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 944, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Los agentes solicitaban que la Provincia computara como antigüedad el tiempo trabajado como contratados, con el correspondiente pago retroactivo del adicional salarial, además de diferencias salariales e intereses. El planteo también incluía el reconocimiento de otros derechos vinculados con la antigüedad laboral.
El Ejecutivo resolvió rechazar el planteo por dos motivos. En seis de los casos consideró que el reclamo se encontraba prescripto, ya que fue presentado más de dos años después del ingreso de los trabajadores a planta permanente, plazo máximo previsto por el artículo 38 bis del Estatuto del Empleado Público para reclamar créditos derivados de la relación laboral.
En los otros dos casos, correspondientes a trabajadoras incorporadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno sostuvo que el ingreso se produjo bajo el régimen excepcional establecido por el Decreto 987/20. Según la resolución, ambas aceptaron expresamente las condiciones del pase a planta y firmaron declaraciones juradas en las que manifestaban no mantener reclamos pendientes contra la Administración provincial, requisito indispensable para acceder al beneficio.
El decreto también señala que la normativa especial aplicada durante la pandemia no contempló el reconocimiento de la antigüedad correspondiente al período trabajado bajo contratos de locación de servicios. Además, remarca que esa exclusión fue una condición expresa del régimen excepcional y no una omisión involuntaria.
Como parte de los fundamentos, el Ejecutivo cita un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que establece que el derecho al adicional por antigüedad nace desde la presentación del reclamo administrativo y no produce efectos retroactivos. En consecuencia, concluye que no corresponde reconocer el pago por períodos anteriores.
Finalmente, el decreto firmado por la vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, rechazó de manera definitiva los recursos administrativos de los ocho agentes y ratificó la posición de la Provincia respecto de este tipo de reclamos