El Instituto de Educación Física 9-016 Dr. Jorge E. Coll transita un proceso de “normalización” ordenado por la Dirección General de Escuelas (DGE), que intervino en el organismo designando como rector a Rodrigo Araya, nuevos secretarios y disolviendo la conformación del Consejo Directivo electo democráticamente. Pero los argumentos detrás de esto han recibido críticas y los objetivos de la restructuración de horas docentes, también.
La situación se visibilizó a raíz de una protesta de los alumnos en reclamo por la falta de docentes en algunas materias que no se estaban dictando. La secretaria de Bienestar, Carina Ortega, está a cargo del instituto luego de que Araya pidiera licencia. En diálogo con El Sol reconoció que aproximadamente el 20% de las materias no tenían designada una suplencia. Todo se da en el marco de un proceso de titularización y reordenamiento del plan que encabeza esta institución. Aseguran que trabajan en acomodar los cronogramas para garantizar el dictado de clases.
Sin embargo, la protesta puso en el foco también otras cuestiones que venían condicionando el funcionamiento del instituto y que motivaron la intervención. Como la cooperadora y la presentación del Estatuto del organismo, que en 2022 pasó a ser instituto universitario, el primero estatal de la provincia.
Cronología de una intervención y versiones cruzadas
El proyecto para que el IEF se convierta en instituto universitario surgió de la Comisión Directiva de ese momento, encabezada por Luis Castillo, quien fue rector desde 2014 hasta su jubilación en agosto del año pasado. Con la aprobación de la Ley Nº 9.424, que oficializó el proceso, se le otorgó a Castillo un plazo de 180 días (desde la promulgación) para presentar un nuevo estatuto del organismo y un plan de trabajo para la transición.
La gestión trabajó en esos requisitos, en agosto de 2025 se jubiló Castillo y el organismo quedó a cargo de su vicerrector, Gustavo Manzano. Sin embargo, en diciembre la DGE publicó la resolución para intervenir el instituto, designó nuevo rector y dejó sin efecto las elecciones que debían realizarse este año.
Los argumentos para tal decisión fueron expuestos en ese documento oficial. Por un lado, acusaron a la gestión de Castillo de no presentar el estatuto a tiempo (con 107 días de atraso). El expediente abrió en agosto de 2023. Además, señalaron que nunca presentaron la planificación de trabajo solicitada.
Sin embargo, Castillo, en diálogo con El Sol, negó esa demora. “Nosotros lo presentamos antes de los 180 días a la DGE, que lo mandó a la Dirección de Educación Superior (DES). Ellos se demoran en analizarlo y luego nos pidieron que hagamos modificaciones. Trabajamos en conjunto para aprobarlo y lo entregamos nuevamente. En el lapso en el que trabajamos en las correcciones se cumplió la demora que ellos dicen”, advirtió.
Por otro lado, aseguró que el plan de trabajo sí fue presentado e implicaba solamente una ficha con plazos para cada gestión. “La misma demora de ellos en la devolución del estatuto generó cambios en ese cronograma de trabajo“, dijo. También comentó que pidió pericias informáticas en los sistemas de la DGE para constatar todo.
Sin embargo, el estatuto finalmente fue aprobado por resolución el 19 de diciembre de 2024, cuando el ministro Tadeo García Zalazar acudió a las instalaciones para visitarlo y anunciarlo.
La ley nacional obliga al organismo público a designar un rector normalizador por un plazo máximo de 4 años para liderar la adaptación de un instituto a la educación superior. La ley 9.424 que creó el IEF como instituto universitario sostuvo la gestión de Castillo y el Consejo Directivo para implementar ese proceso, pero determinó que en caso de incumplimiento, se designaría a otro. A esos artículos se acogieron para implementar la medida a pesar de los argumentos del rector.
Además, en dichos argumentos hacen referencia a la jubilación de Castillo y posterior designación -por parte del Consejo Directivo electo- de Manzano como vice. La DES desconoció esta designación.
Polémica con la cooperadora
Otro de los argumentos de la intervención habla de una cuasi obligatoriedad del pago de la cooperadora, que no había presentado los balances durante varios años. Versión que fue ratificada por Calu Guidolin, alumna del centro de estudiantes, quien reclamó contra las “coacciones” de personas ligadas al Consejo Directivo para el pago de la cooperadora, tanto en la anterior gestión como en la interventora. Además, aseguró que vienen pidiendo los balances a las autoridades, sin éxito alguno.
Ortega dijo que ellos asumieron en diciembre y que en febrero ya estaban los balances presentados, pero Castillo se lo atribuye a su propia gestión, a pesar de su jubilación. “En pandemia pidieron un padrón digital que la cooperadora no hizo y cuando intentaron presentar los balances en 2024, redactados por los asesores y presentado en el Colegio de Contadores, no los recibió Personas Jurídicas. Pedían una serie de puntos administrativos que trabajamos con un asesor para cumplir y completamos en febrero. Nunca estuvo en falta el balance, sino que estuvo en trámite“, expresó.
Además, justificó que en todo caso la cooperativa es una asociación independiente del instituto y los problemas con la presentación de los balances no amerita una intervención al IEF. Sobre la obligatoriedad, agregó además: “Que digan cuál alumno se quedó sin estudiar por no pagar. Si ves el padrón de la cooperadora y el de los matriculados, correspondía a la mitad. Y estudiaron todos“.
El plan para aplicar recortes al instituto y las críticas detrás
En diálogo con El Sol, Ortega reconoció que por orden de la DGE se lleva a cabo un “ordenamiento y baja de horas” docentes que igualmente no afectan al servicio del instituto, porque “implica menos horas en muchos cargos de gestión para docentes que no tenían alumnos a cargo“.
Castillo, crítico de la medida, reconoció que este recorte no afecta a horas del dictado de las materias, pero sí a una serie de servicios que ofrece el instituto en su calidad de universitario, como la investigación y las prácticas. Por ejemplo, contó que en su gestión había 12 proyectos de investigación y esas horas sufrieron recortes. Otra afectación es en las capacitaciones, cuyas horas también se redujeron. De hecho, los cursos eran una fuente de ingreso de dinero que se resiente sin profesores para hacerlos. También hubo quitas en las horas administrativas. Y sobre las prácticas, Castillo reconoció que dieron de baja el sistema de parejas pedagógicas que él implementaba y que ahora es solo un profesor el que queda a cargo de los 35 alumnos que están con prácticas, con la responsabilidad de supervisarlos.
“Han buscado, primero, meterse con la caja del instituto para achicarlo. Porque nosotros hubiésemos reasignado horas y optimizado los recursos solamente. Y segundo, aprovecharon para que gente tenga la posibilidad de ingresar al instituto, que en otro caso nunca hubieran podido, ni por antecedentes ni por democracia“, reconoció, poniendo como ejemplos al propio rector, Araya.
El turbulento camino al reconocimiento internacional
El instituto ahora transita por una instancia clave que es el reconocimiento nacional de su condición de universitario, cuyos estándares son puestos por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. La breve gestión de Manzano presentó la documentación a nivel nacional pero el proceso de normalización la habría retirado.
Para que Nación acredite, se debe cumplir con requisitos mínimos en funciones claves de una institución universitaria como políticas en materia de investigación, extensión, relaciones con la comunidad y bienestar estudiantil. Esos requisitos son los que funcionan para Castillo como un impedimento para que se apliquen recortes en el IEF, porque el organismo nacional vela por la asignación de horas docentes a esas especificidades.
Por otro lado, señaló que la Secretaría vela rigurosamente por la autonomía de las instituciones, otro punto que para él se vulneró con la intervención. Por ejemplo, con las titularizaciones de docentes, porque la DES asumió esa responsabilidad, lo que para él perjudica al IEF. “No tienen la capacidad operativa para hacerlo, se ve reflejado en la imposibilidad para conseguir docentes, y además hacen perfiles muy genéricos que le quitan especialización a los profesores en cada materia“, señaló.
También asegura que se vulneró otra garantía que da Nación que es la libertad democrática de cada institución. “Disolvieron el Consejo Directivo que estaba compuesto por representantes de distintos claustros y votado en elecciones. Pusieron uno a dedo con personas afines a ellos y no siempre se reúne“, señaló. Advirtió que la normalización bien podría haber solo asignado nuevos cargos directivos, no de gestión académica ni en el Consejo. De esta manera, la normalización desconoció la elección que se produjo internamente en el instituto en 2022 y la DES también postergó la que se debía desarrollar en noviembre de este año, para el 2028. Ortega aseguró que esto se produjo para todos los institutos provinciales con el fin de unificarlas.
Ahora, el destino de los 2.658 alumnos matriculados en la institución dependerá de cómo avance esta normalización.