Hay un dato que empieza a ordenar el debate —y al mismo tiempo lo vuelve incómodo—: no toda la minería está en discusión. Ni siquiera todo el cobre.
La reciente reforma de la ley de glaciares no viene a habilitar la actividad minera en general, de forma descontrolada, como han sugerido algunos sectores antimineros. Viene a resolver —o a desatar— un problema mucho más específico: qué hacer con los proyectos que están en la alta montaña, allí donde empiezan a aparecer las geoformas periglaciares, esos reservorios invisibles de agua que la nueva normativa ordena identificar y clasificar según su relevancia hídrica.
Se pasa, en lo esencial, de un criterio científico amplio y restrictivo a uno funcional y más flexible. Ese es el punto de quiebre.
Porque cuando el Gobierno habla de más de 30.000 millones de dólares en inversiones mineras bajo el paraguas del RIGI, lo que no siempre se explicitó es que una parte sustancial de ese monto estaba atada a proyectos que hasta ayer no avanzaban por una razón concreta: su ubicación y la falta de certezas regulatorias hacia adelante.
Para el caso de Mendoza, de ese número que supera la treintena de proyectos de exploración de cobre aprobados en Malargüe, una porción significativa —al menos una quincena, según estimaciones técnicas— podría ubicarse en zonas críticas para su eventual explotación. Será la provincia la que tendrá en sus manos la decisión de avanzar o no sobre esas áreas por encima de los 2.600 metros de altura, cota que el Ianigla identifica como referencia para la posible presencia de ambiente periglaciar en la cordillera mendocina.
Para el resto del país, el mapa es elocuente. En San Juan, Los Azules, uno de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo, prevé inversiones superiores a los 2.500 millones de dólares y se ubica en Calingasta, por encima de los 3.500 metros. En la misma provincia, El Pachón, con una inversión estimada en torno a los 5.000 millones, se emplaza aún más arriba, cerca de los 4.000 metros.
En Catamarca, el complejo MARA (Agua Rica) —que integra infraestructura de Bajo la Alumbrera— proyecta más de 4.000 millones de dólares y también se desarrolla en zonas de alta montaña.
No es un dato menor: todos estos proyectos se ubican en ambientes donde la ley ahora redefine condiciones, introduce nuevos estándares de evaluación y busca ofrecer mayor previsibilidad. También —según sostienen empresas y gobiernos— un marco de seguridad jurídica y ambiental que hasta aquí habría limitado su desarrollo.
Ahí es donde la reforma hace foco. No para impulsar la minería en abstracto, sino para habilitar —en los hechos— aquellos desarrollos que hasta ahora estaban condicionados por la normativa vigente.
En Mendoza, la discusión adquiere otra dimensión por tratarse, en esta etapa, de proyectos de exploración. Otra dimensión, sí; pero no otro sentido.
El Gobierno de Alfredo Cornejo avanzó con el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), un esquema que habilita 34 proyectos —principalmente de cobre— en una superficie cercana a los dos millones de hectáreas. Allí, los informes del Ianigla introdujeron una advertencia que todavía no termina de procesarse políticamente: la posible presencia de ambientes periglaciares en varias de esas áreas, con impacto potencial sobre la cuenca del río Colorado.
Desde el área de Minería de la provincia sostienen que el tema ha sido trabajado junto al organismo científico, como forma de dar previsibilidad y evitar dudas sobre posibles arbitrariedades.
No hay una cifra cerrada, pero sí una conclusión consistente: una parte relevante de esos proyectos se ubica en zonas donde podrían existir geoformas con hielo, especialmente a partir de los 2.600 metros de altura. No es una línea legal, pero sí un umbral científico que ordena la discusión.
Y también divide las aguas dentro de la propia minería.
Mendoza tiene, al mismo tiempo, un caso que rompe la generalización: PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. Con una inversión prevista ya en ejecución de 630 millones de dólares y una ubicación en torno a los 2.400 metros, el proyecto queda por debajo de la franja crítica del ambiente periglaciar. No es casual: fue rediseñado para cumplir con la normativa provincial, la restrictiva 7.722.
Ese contraste es clave. Mientras algunos proyectos buscan adaptarse a la ley, otros necesitan que la ley cambie. Ahí se juega una discusión de fondo a mediano y largo plazo.
El litio —que explica buena parte del dinamismo actual, que va y viene de acuerdo con el precio internacional— no depende de esta reforma a la ley nacional. Se desarrolla en salares, lejos de los glaciares. Y porque incluso dentro del cobre hay proyectos que podían avanzar bajo el esquema que estuvo vigente hasta algunas horas atrás.
Pero los grandes números, los que alimentan el discurso de los miles de millones, están en otro lado: en la alta montaña, donde el agua no se ve, pero define todo.
Por eso la reforma no es neutra.
No es una simple adecuación técnica. Es un cambio de criterio: pasar de un esquema de prohibiciones a uno de evaluación; de un enfoque preventivo a uno de gestión del riesgo; de un estándar uniforme nacional a una mayor discrecionalidad provincial pero siempre dentro del límite de los presupuestos mínimos.
Y eso, en Mendoza, abre una tensión que todavía no termina de expresarse del todo.
Porque la provincia que durante años construyó su identidad política sobre la defensa del agua, hoy empuja con esfuerzo, por todo lo que se hizo mal en el pasado reciente, un modelo minero que todavía necesita campañas de persuasión, de educación y de capacitación.
El RIGI pone los dólares sobre la mesa. La ley de glaciares redefine los límites. Entre uno y otro, lo que se discute no es solo minería: es hasta dónde el país está dispuesto a correr la frontera sobre su propio sistema hídrico y Mendoza abrirse a la postergada oportunidad de darle dinamismo y desarrollo a su diverso modelo económico.