Durante casi una década Mendoza hizo del orden fiscal una bandera política. Bajó impuestos, redujo gasto y convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en una marca de gestión. Pero mientras el gobierno exhibe esos números como prueba de disciplina económica, en el sector privado vuelve a instalarse una pregunta incómoda: si el ajuste ya se hizo, ¿por qué el crecimiento y el empleo siguen sin aparecer?
Entre 2016 y 2025 Mendoza redujo la alícuota de Ingresos Brutos en un 16 por ciento. En los últimos ocho años, además, según cálculos oficiales, el Estado provincial les devolvió al sector privado alrededor de 1.000 millones de dólares a través de esa baja impositiva y de un recorte del gasto corriente que en el mismo período pasó de representar el 17,4 por ciento del PBG al 13,4 por ciento.
Esos números fueron expuestos por el gobernador Alfredo Cornejo en los días previos a la Fiesta de la Vendimia del último fin de semana. Mientras desgranaba las cifras y reivindicaba —con tono casi épico— el esfuerzo iniciado por su primera gestión en el 2015, continuado por Rodolfo Suárez entre 2019 y 2023 y que culminará en 2027, lo escuchaba en primera fila el ministro de Economía nacional, Luis Caputo.
“Yo sé, Toto, que frente a los números de la Nación —por la baja del 25 por ciento del gasto real del Estado en los primeros meses de gestión— parece poco, pero nosotros empezamos mucho antes, cuando nadie lo hacía”, le dijo Cornejo. La frase apuntaba a reforzar una idea que el gobernador repite desde hace años: el orden fiscal como condición básica de gobierno y casi como una obligación moral, más allá de lo estrictamente técnico.
Sin embargo, desde hace tiempo en Mendoza se percibe una colisión entre el relato oficial y la percepción empresarial respecto del ajuste y de la presión tributaria.
El Gobierno sostiene que avanza todo lo que puede sin desatender las obligaciones de un Estado que Cornejo define como “eficiente e inteligente”. Los empresarios, en cambio, reclaman un alivio fiscal más profundo y más rápido.
Algo similar empieza a sucederle al gobierno nacional de Javier Milei. En la segunda parte de su mandato comienzan a emerger demandas más complejas que las del inicio: crecimiento, empleo, recuperación del salario y freno a la destrucción de puestos de trabajo.
En Mendoza el escenario no será muy distinto. También crecerá la presión por más actividad, más desarrollo y más empleo.
Pero la provincia tiene además un condicionante adicional: la caída de recursos provenientes de la coparticipación. Según confirmó el ministro de Hacienda Víctor Fayad, Mendoza pierde alrededor de 25.000 millones de pesos mensuales por ese concepto.
Ese corsé fiscal obliga a una administración extremadamente precisa con el gasto. Y probablemente también a profundizar el ajuste, aunque el propio Fayad haya intentado relativizar esa posibilidad.
En medio de ese escenario, una de las provincias que el propio gobierno mendocino suele poner como referencia cuando se habla de desarrollo económico acaba de poner en marcha una medida que impacta directamente en la creación de empleo privado formal.
Se trata de una reducción de Ingresos Brutos asociada a la contratación de nuevos trabajadores.
El incentivo —una verdadera reforma a la baja del impuesto más cuestionado del sistema tributario provincial— amenaza con despertar inevitablemente la comparación con Mendoza.
En Santa Fe, las empresas que incorporen personal podrán deducir de Ingresos Brutos el equivalente al salario bruto del trabajador contratado. El trámite es simple y digital.
“Buscamos acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo, al mismo tiempo que fortalecemos la actividad económica en todo el territorio provincial”, explicaron desde la gobernación al anunciar la medida tras la aprobación de la ley impositiva 2026.
La reacción en Mendoza fue inmediata.
“Esto es exactamente lo que propusimos en 2021”, recordaron desde el Consejo Empresario Mendocino (CEM), en referencia al proyecto elaborado por el IERAL Mendoza y que en su momento fue descartado por la administración de Rodolfo Suárez.
“Acá lo rechazaron y en Santa Fe lo tomaron”, resumieron, con una mezcla de amargura y revancha.
La propuesta empresarial planteaba reducir las alícuotas de Ingresos Brutos para aquellas empresas que generaran empleo nuevo registrado.
El esquema se apoyaba en tres ejes centrales: reducir las alícuotas hasta equipararlas con las provincias competidoras de Mendoza; aplicar esa reducción únicamente a las empresas que generaran nuevos empleos formales e implementar el esquema de manera progresiva durante cuatro años, acompañado de disciplina fiscal.
La lógica era simple: los recursos que las empresas dejarían de pagar en Ingresos Brutos deberían destinarse directamente a financiar nuevos puestos de trabajo.
“De esta forma —explicaba el documento— la reducción del impuesto se transforma en un mecanismo concreto de promoción del empleo privado registrado”.
El CEM sostenía además que el esquema debía tener un horizonte mínimo de diez años, ya que las decisiones de inversión y contratación se toman con perspectiva de mediano plazo.
Según esas proyecciones, después de una década de estancamiento del empleo privado formal, Mendoza podría generar más de 11.000 nuevos puestos de trabajo en cuatro años.
Solo en el primer año se estimaba la creación de 2.614 empleos, con el comercio mayorista y minorista liderando el proceso, seguido por la industria alimenticia, el sector salud, combustibles, transporte y petróleo y gas.
La pregunta, entonces, vuelve a instalarse inevitablemente en la discusión pública.
Si Mendoza lleva casi una década construyendo equilibrio fiscal y reduciendo impuestos, ¿por qué otras provincias empiezan ahora a aplicar herramientas más agresivas para estimular el empleo?
Porque en la nueva etapa de la economía argentina el debate ya no pasa solamente por ordenar las cuentas, sino por activar el crecimiento.
Y en ese terreno, el verdadero desafío para Mendoza tal vez no sea demostrar que ajustó antes que nadie, sino decidir qué está dispuesta a hacer ahora para volver a crecer.