El Gobierno nacional aguarda que Estados Unidos envíe documentación técnica complementaria para poder remitir al Congreso el acuerdo comercial bilateral firmado con Washington. En el Ejecutivo sostienen que el texto central del entendimiento ya está cerrado, aunque aún faltan anexos y precisiones operativas que permitirán completar el expediente legislativo que deberá analizar el Parlamento.

En la Casa Rosada explican que no se trata de los documentos principales rubricados entre ambos gobiernos, sino de detalles técnicos vinculados a la implementación del acuerdo. Ese intercambio definirá el formato final con el que el oficialismo enviará la iniciativa al Congreso. La misma situación se replica con la adhesión argentina al Consejo de la Paz, una iniciativa internacional impulsada por Estados Unidos que fue respaldada por el presidente Javier Milei durante sus últimas giras internacionales.

En el entorno presidencial señalan que una parte del entendimiento comenzará a aplicarse sin pasar por el Congreso. Se trata de disposiciones vinculadas a la eliminación de barreras no arancelarias, el reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias y la simplificación de procedimientos regulatorios. Según explican, esas medidas pueden instrumentarse mediante decretos, resoluciones ministeriales y disposiciones administrativas de los organismos de control.

La discusión parlamentaria quedará concentrada en los aspectos estructurales del acuerdo, entre ellos los compromisos arancelarios, los tratados internacionales asociados y el capítulo de propiedad intelectual. En el Ejecutivo admiten que este último punto es el más complejo y anticipan que su implementación demandará más tiempo. Funcionarios reconocen que podría requerir el envío de un nuevo proyecto para la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, debido a que el expediente con media sanción quedó desactualizado frente a los compromisos asumidos en el nuevo acuerdo bilateral.

En Balcarce 50 también buscan descomprimir la discusión política generada tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre aranceles. Desde el oficialismo sostienen que esa resolución judicial no obliga a modificar el texto firmado con Washington y que se vincula exclusivamente con la forma en que la administración estadounidense deberá aplicar su parte del acuerdo dentro de su propio sistema legal.