La mañana del 16 de junio de 1990 parecía una jornada más en la vida de Horacio Santos, un ingeniero civil que, como tantos otros argentinos de la época, estaba harto. Ese día, mientras se encontraba con su esposa en una zapatería de Villa Devoto, escuchó el sonido que disparó su furia: el estallido de un cristal. Era el robo número 13 que sufría en poco tiempo.
Lo que siguió no fue un llamado a la policía, sino una persecución cinematográfica y sangrienta a bordo de su Renault 21 que transformaría para siempre el concepto de “justicia por mano propia” en el imaginario colectivo.
Este caso penal que marcó un hito al comienzo de la década de los 90 volvió a la memoria por el caso del ladrón que murió atropellado por la persona a la que había robado minutos antes en una vivienda de Las Heras, durante la madrugada de este martes.
La discusión en los tribunales de Mendoza será fundamental para decidir el destino del comerciante que, cansado de los robos, decidió perseguir a dos ladrones, dando muerte a uno de ellos, incurriendo en una situación de exceso en legítima defensa.
La misma situación con aquel hombre que decidió hacer justicia por mano propia cuando dos malvivientes le sustrajeron el estéreo del auto.
La cacería por las calles de Devoto
Al ver que dos delincuentes le habían sustraído el estéreo de su auto, Santos no dudó. Subió al vehículo junto a su mujer y comenzó a rastrear a los ladrones. Los alcanzó en una zona de vías, cerca de la avenida General Paz. Sin mediar palabra, el ingeniero extrajo su revólver Colt calibre .32 y disparó a quemarropa a través del parabrisas de la camioneta de los asaltantes.
Osvaldo de Benedetti y Carlos González murieron en el acto, ambos con impactos en la cabeza. Santos, tras el estallido de violencia, se retiró del lugar, pero el destino ya estaba marcado: se entregaría poco después, dando inicio a uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia argentina.
Una semana en prisión y el debate social
El caso Santos dividió a la sociedad en dos. Por un lado, quienes veían en él a un ciudadano ejemplar que hacía lo que el Estado no podía; por el otro, quienes denunciaban una ejecución a sangre fría. A pesar de la gravedad del hecho, el ingeniero solo pasó una semana tras las rejas.
La justicia inicialmente lo condenó a 12 años de prisión por homicidio simple, pero tras una serie de apelaciones y giros legales, la carátula cambió a “exceso en la legítima defensa”. Finalmente, la pena quedó en tres años de prisión en suspenso, permitiéndole mantener su libertad, aunque cargando con una indemnización civil millonaria que debió pagar a las familias de los fallecidos.
El legado de un estéreo ensangrentado
Hoy, el caso del ingeniero Santos se estudia en las facultades de derecho y se cita en cada nuevo episodio de inseguridad donde una víctima decide defenderse.
Santos falleció hace algunos años en el anonimato, lejos de las cámaras que alguna vez lo persiguieron, pero su nombre quedó grabado como el símbolo de una pregunta que aún no tiene respuesta unánime: ¿cuál es el límite de la defensa propia?
Con información de Infobae y TN.