El Senado de la Nación convocó a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a las 11, con el objetivo de tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo.

La convocatoria, firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, se produjo mientras el Gobierno acelera las negociaciones políticas para garantizar los votos necesarios y avanzar con la media sanción de la denominada “modernización laboral”. La iniciativa se discutirá en un clima de tensión con los gobernadores dialoguistas, claves para la definición del resultado en la Cámara alta.

El llamado a sesión coincidió con un intento fallido de los mandatarios provinciales de organizar una cumbre para analizar el alcance del proyecto. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con los gobernadores para destrabar apoyos, con un punto central de conflicto: la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que implicaría una merma en los recursos coparticipables.

Desde el Ejecutivo reconocen que la aceptación de estos reclamos podría destrabar los votos, aunque aseguran buscar mecanismos para garantizar que la coparticipación no se vea afectada. Cualquier cambio, remarcan, se realizaría directamente en el recinto.

Las negociaciones políticas quedaron en manos de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien encabezó un encuentro con jefes de bloques aliados y se mostró confiada al señalar que existe acuerdo en “el 95% del proyecto”.

No obstante, también planteó la necesidad de avanzar en una reducción del tamaño del Estado, un mensaje dirigido tanto a los gobernadores como a los sectores políticos que aún expresan reparos. Pese al optimismo oficial, en Diputados optan por una postura más cauta y aguardan el desenlace en la Cámara alta, aunque ya fijaron para el 18 de febrero el plenario de comisiones que deberá dictaminar sobre la iniciativa.

El proyecto de reforma laboral incluye una reducción de aportes patronales, cambios profundos en el sistema de indemnizaciones con la creación del Fondo de Asistencia Laboral, la ampliación del período de prueba a seis meses y modificaciones en el cálculo indemnizatorio, excluyendo conceptos como aguinaldo y vacaciones.

También incorpora flexibilización de las vacaciones, cambios en la distribución de la jornada laboral, nuevas definiciones salariales que habilitan pagos en especie y por productividad, límites a la retención automática de cuotas sindicales, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, mayores restricciones al derecho de huelga y un esquema de beneficios fiscales para empresas orientado a incentivar la inversión y la contratación.